Sistema fomenta relaciones comerciales basadas
en un trato justo con proveedores, trabajadores y el medio ambiente.
Un grupo de 15 viñateros de Guarilihue,
agobiados por los irrisorios precios que pagan los poderes compradores por la
uva vinífera, que no alcanzan a cubrir ni siquiera los costos de producción,
dio un salto relevante el año pasado, cuando se asociaron y comenzaron a vender
su producción a la Viña Miguel Torres bajo la modalidad de “comercio justo” o
“fair trade”, un concepto que va mucho más allá del marketing, sino que
constituye una filosofía que apunta a la sostenibilidad ambiental y social, que
poco a poco se abre paso en la agricultura familiar campesina de la Provincia
de Ñuble, y constituye una oportunidad real de acceder a condiciones de
comercialización más equitativas, con un trato justo para proveedores y
trabajadores, en armonía con el medio ambiente.
Sin embargo, el modelo es efectivo solo en la
medida que los consumidores estén dispuestos a pagar un “precio justo” por
estos productos, tendencia que se observa con mayor fuerza en los países
desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y Europa.
Según explicó el seremi de Agricultura,
Rodrigo García, “el comercio justo se basa en una relación comercial que se
fundamenta en valores de respeto, transparencia y diálogo”, en que las
agrupaciones que mantienen los estándares exigidos, reciben un sobreprecio
también llamado delta o prima, que se paga al grupo de trabajadores.
“Como Secretaría Regional estamos promoviendo
avanzar en la dirección de incentivar la incorporación de productores en
comercio justo. Por ejemplo, observamos un potencial importante en los
viñateros del Valle del Itata, que podrían acceder a estos mercados. Conocemos
la experiencia de la Región del Maule, que les ha ido bastante bien, sabemos de
productores de uvas similares a las del Itata que han aumentado el valor de la
uva País de manera significativa”, expresó el seremi Rodrigo García.
De hecho, el convenio de programación suscrito
este año entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional del Bío Bío
considera $455 millones destinados al Programa de innovación en la gestión de
negocios silvoagropecuarios promoviendo el comercio justo y orgánico, ejecutado
por Indap.
En Ñuble, donde su desarrollo es incipiente,
las iniciativas de “comercio justo” se cicunscriben principalmente a
productores de uva vinífera, de miel, de alimentos gourmet y a recolectores,
pese a que existe un gran potencial en todos los rubros agropecuarios.
Andrés Castillo, director regional del Indap,
planteó que “estas iniciativas son relativamente nuevas en la zona, son muy
necesarias y muy buenas para los agricultores, sin embargo, no es tan fácil de
digerir y masificar rápidamente, pero estamos en ese proceso”.
Consultado sobre la razón que explica el
desarrollo en los sectores mencionados, explicó que ello ha respondido al
interés de las empresas que compran a productores, como la Viña Miguel Torres,
que compra uva en Coelemu, o la empresa multinacional Fairtrasa, que compra
berries en la provincia de Arauco.
Conviene mencionar que el año pasado,
Fairtrasa firmó un convenio de colaboración con con la Asociación de Municipios
Laja-Diguillín, que apunta precisamente a prescindir de los intermediarios en
la comercialización de los productos agrícolas en la zona, con el objetivo de
exportar bajo la modalidad de comercio justo, con mejores precios para los
productores.
Castillo añadió que a través de las alianzas
productivas y las alianzas comerciales, Indap está apoyando a estas
organizaciones de productores, acompañándolos en este proceso y entregando el
financiamiento necesario, lo que permite avanzar hacia una producción
sustentable en lo ambiental y en lo social.
Precisó que actualmente, el sistema abarca un
grupo muy pequeño de productores en Ñuble, con partidas específicas, razón por
la cual manifestó su esperanza de que el sistema crezca y más empresas se
sumen, particularmente en el Valle del Itata, donde se observan debilidades en
lo social, económico y ambiental, que hacen necesaria una preocupación
especial, prueba de ello fue la declaración de Zona de Rezago por parte del
Gobierno en marzo de este año.
Guarilihue y viña Miguel Torres
En el caso de los viñateros, la agrupación
Moscin, de Guarilihue, vende parte de su producción de uva Moscatel a la Viña
Miguel Torres, de Curicó, que con ella elabora el vino Días de Verano, que
cuenta con el sello “Fair for life”, de comercio justo, entregado por la
certificadora IMO.
Emulando los éxitos de este sistema en la
Región del Maule, donde la Viña Miguel Torres compra la mayor parte de la
materia prima, estos pequeños productores de Guarilihue, adoptaron los
principios del “comercio justo” como una alternativa no solo para subsistir,
sino que para invertir y crecer, lo que se tradujo en la implementación de
medidas en seguridad laboral, buenas prácticas agrícolas y respeto al medio
ambiente, entre otras áreas.
Domingo Arteaga, presidente de la sociedad
Moscin Guarilihue S.A., creada en marzo de 2014, y que agrupa a 15 pequeños
productores de dicho sector de Coelemu, recordó que en la temporada 2015
vendieron uva Moscatel a Miguel Torres a $220 por kilogramo, una cifra bastante
superior a los $75 que pagaron en promedio los poderes compradores que se
instalaron durante la vendimia en la zona.
Además, recibieron un premio o “prima”, que
inviertieron en mejoras para las instalaciones productivas de los viñateros,
que comenzaron a elaborar un vino con marca propia y se están preparando para
obtener, además, una certificación orgánica.
“A nosotros nos exigió Miguel Torres crear la
agrupación, y ha sido muy beneficiosa para todos, nos cambió la vida. Antes
estábamos indefensos frente a los bajos precios que pagan las viñas de la zona
central, y este año le vendimos 150 mil kilos de Moscatel y esperamos sumar 40
mil kilos de Cinsault el próximo año, cepa que este año se cotizó en apenas 50
pesos, lo que es muy bajo”, comentó Arteaga, quien precisó que los miembros de
la agrupación son productores con predios muy pequeños, con superficies que
oscilan entre las 0,5 y las 5 hectáreas, que dependen de la uva, y que en la
vendimia no pagan por mano de obra, sino que trabajan de manera solidaria a
través de los llamados “mingacos”.
Para subirse al carro, sin embargo, debieron
obtener una certificación de “Comercio justo”, sello que otorgan tres empresas
certificadoras en el país: IMO, WFTO y FLO-Cert.
“Nosotros lo hicimos con IMO, que es una
empresa suiza con presencia en la zona, y el costo alcanzó los 3 millones de
pesos, que pudimos financiar con recursos del Gobierno Regional, gestionados
por Indap”, detalló.
Por su parte, Jaime Valderrama, gerente
general de Miguel Torres Chile, sostuvo que la viña está trabajando con tres agrupaciones
de productores, en Hualañé, en Cauquenes y en Coelemu.
“La idea de certificarnos se intensificó tras
el terremoto de 2010. Desde ese momento hemos estado trabajando para concertar
este proyecto, aunque Miguel Torres Chile incorporó hace muchos años algunas de
las políticas clave que se tienen en cuenta en esta certificación; como pagar
un precio por la uva que permita equilibrar la cadena de valor y en especial,
proteger al agricultor, así como condiciones de trabajo dignas”, recordó el
ejecutivo.
En ese sentido, agregó que “para la bodega es
un orgullo haber logrado la certificación Fair trade de nuestra línea de vinos
más grande –cerca del 60% de la producción-. Bajo esta consigna, pretendemos
contribuir al desarrollo sostenible del campo chileno”.
Consultado sobre los beneficios que esto les
ha reportado como empresa, manifestó que “la iniciativa responde especialmente
a la responsabilidad social que implementamos para el mejor bienestar de
nuestros colaboradores. Sin embargo, hay que destacar que hay mercados, como
Suecia o Canadá, donde los consumidores son muy receptivos a los productos
certificados”.
Y si bien reconoció que “hemos tenido que ser
pacientes respecto de los tiempos; por ejemplo, para que los pequeños
productores crean en este sistema y se agrupen”, destacó que “es un modelo que
tiene bastantes perspectivas, ya que permite al pequeño agricultor organizarse
para obtener mejores precios, mejor calidad de materia prima, asesorías
técnicas, entre otros beneficios”.
mirando al exterior
En la Provincia de Ñuble, ProChile está
trabajando junto a Indap con el objetivo de estimular a pequeños y medianos
empresarios que forman parte del Programa de Agricultura Familiar Campesina,
para que se capaciten, mejoren sus procesos y puedan comenzar a exportar, ya
sea en forma individual o preferentemente asociativa, aprovechando la
oportunidad que representa el “Comercio justo”.
La directora regional de ProChile, Sandra
Ibáñez, destacó que dicho organismo “está trabajando en este tema debido al
creciente interés, impacto y desarrollo que el sistema de Comercio justo está
adquiriendo a nivel mundial y aceleradamente en el mercado doméstico. Lo
anterior, unido al aumento de demanda por productos éticamente elaborados, con
cadenas de valor sostenibles, que sean demostrables y con un perfil de
consumidor cada vez más exigente, no solo en términos de calidad, sino que en
cuanto a conciencia de impacto en lo social, laboral, productivo y
medioambiental. Como dato referencial, seis de cada 10 consumidores en países
desarrollados dicen haber visto o conocer alguna marca o sello de Comercio
justo”.
Afirmó que más allá del mayor valor que se
obtiene por la producción, este modelo “es la diferencia que permite ingresar a
un mercado y desarrollar una relación comercial sostenible en el tiempo”.
En ese contexto, los pequeños agricultores de
la Provincia de Ñuble, con altos niveles de vulnerabilidad, son perfectos
candidatos para asumir este desafío. Se trata de sectores que han conservado
valiosas tradiciones del campo, pero que por diversas circunstancias, no han
logrado desarrollarse.
Ibáñez reconoció que si bien hoy la
certificación tiene como objetivo la exportación, “sin duda que sería un gran
logro que también los consumidores nacionales tomaran conciencia de la
necesidad de retribuir en forma justa el esfuerzo de miles de pequeños
campesinos y que prefirieran los productos que llevan el sello de Comercio
justo. Para ello estamos trabajando en conjunto con la Subsecretaría de
Economía en el desarrollo de este concepto a nivel nacional”.
Consultada respecto del trabajo de ProChile,
subrayó que se está haciendo en coordinación con Indap para fomentar la
asociatividad de los pequeños y medianos productores, que les permita comenzar
a exportar. “Una de las primeras tareas es informarlos y capacitarlos.