Hasta ahora se
baraja la opción de acotar al máximo la renta atribuida o, en su defecto,
eliminarla. En el sector privado no convencen los avances. Afirman que se
mantendrá la incertidumbre.
De hecho, la
próxima semana el proyecto adecuatorio ingresaría al Congreso si se logran
consensuar los puntos aún en disenso. Hasta ayer, el gobierno evaluaba, en
primera instancia, efectuar el anuncio el próximo lunes y enviar la iniciativa
a tramitación parlamentaria al día siguiente.
Fuentes que conocen
de las tratativas detallan que hasta ahora el Ejecutivo baraja dos opciones,
que en la lectura de la autoridad apuntarían a simplificar el sistema que hoy
es calificado como en extremo complejo por los privados.
Incluso, el propio
Fondo Monetario Internacional (FMI), que antes había validado las reformas de
la administración Bachelet, hoy advierte
sobre la incertidumbre que ha generado en el corto plazo, poniendo el acento en
los logros esperados para el futuro.
En la mesa de
Hacienda habrían dos opciones: acotar al máximo el sistema de renta atribuida,
de modo que muy pocos contribuyentes la puedan utilizar prácticamente sólo para
personas naturales, o simplemente eliminar dicho sistema.
A ello, se
agregarían otras medidas en materia de
IVA a la construcción, los impuestos verdes, entre otros, tendientes a
clarificar sus alcances.
El sistema
semiintegrado no se tocaría y se buscaría algún guiño para las pequeñas y
medianas empresas (pymes) que se ven afectadas por la reforma.
En el sector
privado, sin embargo, los cambios no son vistos con buenos ojos, pues advierten
que no ataca el fondo del problema. Es más, señalan que al dejar el sistema
parcialmente integrado se afectará a las pymes y se establecerá una
diferenciación entre las tasas que pagan los inversionistas extranjeros y los
contribuyentes locales.
Hasta ahora las
señales que ha dado el ministro Valdés apuntan a que cualquier cambio que se
realice en esta materia debe cumplir con dos requisitos: no puede recaudar
menos de lo que se previó inicialmente, esto es US$ 8.300 millones en régimen y
no pueden cambiar los sujetos a los cuales
se les está cobrando más impuestos.
P. Fierro/ F.
Artaza