Lo denuncia el
Senador Navarro
“Hay licencias que
son de origen laboral que las estamos pagando como curativas”, dijo este sábado
la directora de Fonasa, Jeanette Vega, en una conferencia de prensa donde dio a
conocer que Fonasa está asumiendo 540 mil licencias médicas que le
correspondería asumir a las mutuales, debiendo desembolsar el Fisco más de $90
mil millones al año.
Esta situación la
hemos venido denunciado en reiteradas ocasiones. Prueba de esto, es que con
fecha 14 de enero de 2013, casi dos mil millones de pesos fueron devueltos por
las mutuales a la isapre MasVida, por concepto de licencias médicas que la
isapre pagó por prestaciones, que en realidad correspondían a accidentes del
trabajo que habían sufrido trabajadores y trabajadoras beneficiarios de la ley
16.744
Es así como el 24
de octubre de 2013 solicitamos al director de Fonasa de ese entonces, Arturo
San Martín, se cree una Junta Médica especial de Fonasa que revise todos las
licencias de accidentes laborales y enfermedades profesionales que son
rechazados por las mutuales y la superintendencia de Seguridad Social, y que
son derivados al sistema público, sin que se tomasen medidas ante nuestra
denuncia.
En múltiples
ocasiones, advertimos el origen de este fenómeno, que se origina a través de
incentivos perversos; ya que si un accidente no es calificado como laboral por
la mutual o la Superintendencia de Seguridad Social, o no es denunciado como
tal, disminuye la tasa de accidentabilidad de la empresa, por tanto, al ser
estas menos riesgosas, permite que la prima que cobra la mutual al empleador,
para efectos del seguro laboral, mantenga o disminuya su valor.
Por otro lado,
permite a las mutuales evitar atender a los trabajadores beneficiarios de la
ley 16.744 y lucir cifras, como las de la mutual Asociación Chilena de
Seguridad (AChS), que se jactan de haber bajado la tasa de accidentabilidad de
sus empresas al 4%.
Además con lo
anterior, al no brindar atención a trabajadores beneficiarios de la ley 16.744,
las mutualidades generan las condiciones necesarias para atender a particulares
y lucrar. Esto, ya que mediante el decreto ley 1819 (promulgado en Dictadura),
artículo 29, “las mutualidades quedan facultadas para extender la atención
médica a particulares cuando estén en condiciones para ello, sin desmedro de
las funciones y obligaciones que les encomienden o imponen la legislación que
les es aplicable, sus reglamentos o estatutos”.
Con esto, las
mutuales han podido aumentar sus ganancias hasta en un 153%, las que luego
retiran a través de sociedades espejos, al igual que las universidades
privadas. A modo de ejemplo, la ACHS con casi 50% de participación en el
“mercado de las mutuales”, tiene participación en una serie de sociedades
anónimas; entre estas podemos encontrar el Laboratorio Bionet con un 33.33%,
Sorema S.A con 75%, Sorema del sur S.A con un 30%, Sorema del norte S.A con un
30% Imágenes 2001 S.A con el 34%, SMI Concepción S.A con el 20%, SRM Concepcion
S.A con el 10.64%, SMMN Concepción S.A con un 20%, SMI S.A con un 22.2%, SMI
Temuco S.A 49.14%, Esachs 99%, CEM HTS 99.99%, entre tantas otras.
Ya por el año 2011,
Ciper advertía sobre el imperio de negocios que la ACHS creó con las
cotizaciones de los trabajadores[iv]. Pero lo que faltó investigar fueron las
consecuencias que este perverso sistema trae al sistema público, la pregunta
era ¿quién paga? Fonasa, ¿cuánto?, más de 90 mil millones al año.
Es así como las
mutuales, entidades que fueron creadas para prevenir y resguardar a los
trabajadores en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales,
desvirtuaron el espíritu de la ley 16.744 la que fuese promulgada el año1968,
en el Gobierno de Eduardo Frei Montalba, convirtiéndose hoy en una máquina de
defraudar el Estado.
Pero esta situación
no compete sólo a las mutuales. La Superintendencia de Seguridad Social también
juega un rol como organismo fiscalizador. La Suseso, es el organismo estatal
encargado a revisar todas las apelaciones y reclamaciones cuando la mutual
rechaza una licencia médica laboral. Cabe señalar que de cada 10 apelaciones
presentadas ante la Suseso, 7 son rechazadas.
Un dato a la causa
es que el año 2005, el sindicato de la ACHS (SNTACHS), realizó una presentación
a la SUSESO, dirigida en ese entonces por el Sr. Javier Fuenzalida Santander
donde se solicitó fiscalizar la creación de la ESACHS, empresa que según las
propias palabras del presidente del sindicato de la ACHS de la época, don
Víctor Quijada esta “desnaturalizando” la ley 16.744, ante lo cual la Suseso no
fiscalizó. Lo particular de esto, es que Javier Fuenzalida Santander pasaó de
la Superintedencia de Seguridad Social directo a la gerencia de RRHH de la
AChS, en una muestra más de la vinculación política-dinero que también se da en
las superintendencias.
Hoy, Fonasa tiene
el deber jurídico de presentar todos los antecedentes que posee a la Fiscalía y
que se determine el fraude al Fisco sistemático por parte de las mutuales. Así
mismo se debe solicitar a la Contraloría realice un juicio de cuentas para
determinar los montos defraudados y que estos sean devueltos al Estado.
Del mismo modo,
como legisladores, también tenemos un deber. Por una parte, la Cámara de
Diputados debe dar origen a una Comisión Investigadora, para lo cual hemos
hecho entrega de todos estos antecedentes al ex presidente de la comisión de
Trabajo, diputado Tucapel Jiménez. Así como también debemos legislar para
recuperar las mutuales para los trabajadores, recuperar el espíritu de la ley 16.744
que es resguardar y proteger a los trabajadores en caso de accidentes o
enfermedades laborales.