Concejo pidió antecedentes del caso de la jefa de Finanzas


Ayer en el concejo se dio cuenta de la situación que afecta a la jefa de finanzas, María Eugenia Vera, a quien en dos oportunidades el administrador le ha exigido que abandone su puesto de trabajo pese a que  hay un dictamen de Contraloría que  determina que el decreto mediante el cual el Alcalde la desvinculó de sus funciones,  es ilegal.
Como hemos informado la profesional, María Eugenia Vera, fue objeto de un sumario y desvinculada de sus funciones directivas mediante decreto  Alcaldicio. Dicho sumario fue desvirtuado en sus cargos por la profesional ante la Contraloría, por lo que este organismo  fiscalizador acogió el reclamo de ilegalidad en contra del decreto Alcaldicio.
Sin embargo cuando la profesional se reincorporó el pasado viernes 3 el alcalde titular ordenó que se le saque de su puesto de trabajo desconociendo lo dictaminado por la Contraloría. La mañana de este lunes el administrador, Ricardo Asfura, nuevamente conmino a la profesional a abandonar su puesto de trabajo  ya que de lo contrario se haría uso de la fuerza pública, según denunció la afectada.
Este lunes 6 en el concejo municipal, donde  el administrador Asfura actuó como alcalde(S), tras conocerse del caso y de los apremios, se solicitó ayer la presencia de un abogado municipal para esclarecer la situación.
Cabe indicar que hasta ayer el concejo municipal no tenía información  oficial del caso, ni de la resolución de Contraloría que fue dictada el 24 de junio pasado.
El concejo municipal consultó la opinión del abogado Ricardo Parra quien indicó que se debía acatar lo señalado por la Contraloría y desestimó el camino que un recurso ante la Corte de Apelaciones ya que no habría fundamento ni sustento para revocar el dictamen, versión contraria a la del abogado José González del mismo municipio.
Consultado el administrador  por los concejales sobre sus dichos de sacar a la funcionaria con la fuerza pública, reconoció haberla notificado y agregó que una de las opciones, era el uso de la fuerza pública.
En la ocasión se dijo que se debía  poner en antecedentes de estos casos oportunamente al concejo municipal antes de que se inicien estas acciones, a fin de evitar exponer el patrimonio municipal en demandas judiciales.


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