El Abogado Jefe, de
la Corporación de Asistencia Judicial San Carlos Giovanni Gotelli, organismo
que funciona en convenio con la Municipalidad es el abogado particular que ahora
está defendiendo a Hugo Gebrie Asfura en el marco de la querella por injurias
que interpuso en su contra el Director de Obras Municipales, arquitecto Gastón
Suazo.
Ambos abogados se
acaban de enfrentar en un juicio inédito por usura en Chillán, que marca
jurisprudencia en el país, una vez entrada en vigencia la actual reforma
procesal penal.
Tribunal Oral de
Chillán condenó a prestamista autor de delito de usura
Finalmente pasado
el medio día del viernes, se dictó una inédita sentencia a nivel nacional,
desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en regiones, contra
el prestamista Víctor Riveros Sepúlveda quien fue condenado a 2 años y 88 días
de prisión remitida, tras ser sindicado como autor de dos delitos de usura,
cometidos entre el año 2008 y 2009. Mientras que su hermano, Héctor Rivera
Sepúlveda fue dejado en libertad al no poder constatar su vinculación con los
hechos.
La comunicación de
dicha sentencia se llevó a cabo en las dependencias del Tribunal Oral en Lo
Penal de Chillán, integrada por los magistrados Jorge Muñoz Guiñez
(presidente), María Paz González (redactora) y María Alejandra Cruz Vial.
Ricardo Robles,
abogado de una de las personas estafadas, señaló a la prensa, que por su parte
obtuvo una condena favorable, agregando que "nosotros esperamos que esto
se confirme en la Corte. En tanto no sé qué actitud tomaran los querellantes
que no lograron una decisión favorable para ellos, por lo que me imagino que
igual asistirán hasta la Corte, al igual que la defensa, así que nos falta
todavía el segundo 'round'".
El abogado agregó
que pese a que la condena fue de 2 años y 88 días de pena remitida, esto se
atribuye que, "el delito de usura no tiene una pena muy alta, va de 61
días a 5 años y las personas en cuestión no tenían antecedentes".
Por su parte el
abogado defensor, Giovanni Gotelli señaló, el Tribunal, en estos dos casos, más
no en los otros cinco, "estimó que sí, había usura, bajo ese punto de
vista existe una conformidad profesional sobre esto, pero creo que puedo lograr
aún más en otras instancias. Conforme con ello y con la sentencia que se dictó,
porque es una sentencia donde tanto los querellantes como el Ministerio Público
pedían los máximos legales y algunos que pretendían ir incluso más allá. Sin
embargo, tal como lo pedí en la audiencia correspondiente, lo que se aplicó fue
el mínimo legal", explayó Gotelli.
Una de las personas
estafadas dio a conocer su situación, y relató que uno de los hermanos le quitó
una casa, "de 2 millones de pesos, yo le pagué 5 millones y medio, con
cheques cruzados y nominativos y él los cobró en su cuenta, pero como ellos son
más preparados que uno, yo actué de buena fé, le pagué, pero se hicieron mal
las escrituras y me desalojó de mi casa, teniendo dos hijos en la universidad y
un matrimonio, se perdió todo", relató angustiando una de las personas que
no resultó favorable en el mencionado fallo.
Hechos
Según constató la
Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial mediante un comunicado de
prensa, la resolución dio por acreditado que en el mes de mayo del año 2009,
Ximena Chávez Paredes solicitó a Víctor Riveros un préstamo por la suma de
$2.500.000, que debía solucionar en un plazo de 5 meses, con una tasa de
interés del 20% mensual, es decir $5.500.000-. Asimismo Riveros Aguilera le
exigió a Ximena Chávez en garantía del préstamo, celebrar un contrato de
compraventa de un inmueble de propiedad de la víctima, contrato que incluía un
pacto de retroventa, suscrito por escritura pública, indicándose en ambas
convenciones un precio de $5.500.000.
Junto con ello se
acreditó que en el mes de abril del año 2008, Beatriz Angélica Burgos, debido a
problemas económicos, solicitó un préstamo a Riveros Aguilera, que se pactó en
la suma de $2.000.000, resultando que el acusado en garantía por la devolución
del dinero prestado, más los intereses usurarios por él fijados en forma
arbitraria, le exigió a la víctima que le firmara una escritura pública de
hipoteca por $3.000.000, a favor de la Sociedad de Inversiones Riveros y
Riveros Limitada. Posteriormente el acusado, para liberar la propiedad de la
hipoteca, le exigió a la víctima el pago de la suma total de $9.000.000, lo que
fue cancelado por la víctima con fecha 15 de abril de 2010, como única forma de
evitar perder su casa.