La Procuradora
Fiscal de Concepción del Consejo de Defensa del Estado rindió su Cuenta Pública
2014
La Abogada
Procuradora Fiscal enfatizó la férrea defensa de los intereses del Estado que
ejercen los abogados del CDE, lo que constituye, por sobre toda consideración
particular, el principal rasgo de la cultura institucional.
Hassi destacó el
volumen de causas a cargo del Consejo en 2014, año en que patrocinó más de 26
mil asuntos en todo el territorio nacional, con cuantías que alcanzaron US$
19.514 millones, equivalente al 8,2% del PIB estimado para ese año. De ellas
–precisó- más de 2.400 asuntos corresponden a la Procuraduría Fiscal de
Concepción, en donde sólo durante 2014 ingresaron más de 1.200 nuevos asuntos
de diversas materias.
Estadísticas y
causas regionales
La Abogada Procuradora
Fiscal destacó las cifras obtenidas por el organismo en la región, donde en
2014 se evitó al Fisco pérdidas del orden de los $38.549.272.632, lo que
implica un resultado exitoso del 98,6% de las causas terminadas durante dicho
año calendario, “dando cuenta que la defensa patrimonial del Fisco, en el
ámbito judicial, mantuvo sus estándares de excelencia, conservando un alto
grado de eficacia”, subrayó.
Ximena Hassi reseñó
algunas causas en que participó la Procuraduría Fiscal de Concepción, aludiendo,
en materia civil, a la demanda interpuesta por Inversiones Pingueral Ltda. y
otras sociedades coligadas a ella en contra de la Intendencia Regional de Bio
Bio, con motivo de la dictación de la resolución que fijó la vía de acceso a la
Playa de Pingueral, donde por sentencia definitiva firme se determinó que dicho
acceso, fijado por la Intendenta Regional de la época, se ajustó a los términos
señalados en el art. 13 del DL 1939. De este modo, indicó la representante del
Consejo en la Región, “se obtuvo un reconocimiento judicial de la obligación
que se impone a los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar,
ríos o lagos, respecto de facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines
turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al
efecto, siendo facultad de la Intendencia Regional la fijación de las
correspondientes vías de acceso. En dicha oportunidad, el Consejo de Defensa
del Estado asumió la representación y defensa de la Intendencia, acogiéndose su
tesis por parte del Tribunal, manifestándose en el mismo sentido posteriormente
el Tribunal Constitucional”.
Y subrayó: “a la
postre y, como consecuencia de lo anterior, un bien nacional de uso público,
como son las playas de mar, volvió a tener el carácter de tal para el goce de
todos los ciudadanos”.
Asimismo la Abogada
Procuradora Fiscal mencionó la causa “Manuel E. Petinelli Monje con Fisco”,
seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, donde se demandó la
nulidad de derecho público de un acto expropiatorio ocurrido en 1976, respecto
de un terreno emplazado en la Península de Tumbes, en la Bahía de Talcahuano,
predio actualmente bajo el cuidado y administración de la Armada de Chile y
destinado a fines militares y de defensa nacional. En este caso, se cuestionó
su uso fiscal fundado en la ejecución de faenas forestales al interior del
predio y, a consecuencia de ello, se cuestionó también la tasación realizada
por la Comisión de Hombres Buenos de la época.
La Procuraduría
acreditó su uso y destino para los fines que sirvieron de fundamento a la
expropiación, así como la intervención del propietario en la fijación de la
tasación, obteniendo de esta manera una sentencia favorable en todas las
instancias judiciales, subrayó la Abogada Procuradora Fiscal.
En materia de
indemnización de perjuicios, Hassi indicó que en 2014 se obtuvo un ahorro
efectivo del orden de $34.316.419.245. Esto equivale al 95,69% de la cuantía
del total de las causas terminadas por esta materia durante dicho año. En este
ámbito, citó la demanda presentada contra el Ministerio de Obras Públicas por
falta de servicio, con ocasión de un accidente ocurrido en la Ruta 5 Sur, en
las inmediaciones de la comuna de Los Ángeles, oportunidad en que los actores
esgrimieron como fundamento de su acción la obligación que pesa sobre el Estado
en la mantención de rutas y caminos, omitiendo la responsabilidad que, a su
vez, pesa sobre la víctima de mantener una conducta acorde a las condiciones de
la ruta.
La Abogada
Procuradora Fiscal precisó que en este caso se acogió la totalidad de los
argumentos planteados por el Consejo de Defensa del Estado, obteniendo una
sentencia favorable en cada una de las instancias en que se discutió la causa.
Así, por una parte, se reconoció judicialmente que no existía falta de servicio
por parte del MOP, por el sólo hecho de existir un bache o badén en la ruta,
más aun cuando la existencia de estos eventos se enmarca dentro de los
desperfectos menos significativos ocurridos con motivo del terremoto de febrero
de 2010, oportunidad en que el Estado actúo con toda la diligencia que le es
permitida atendido a los recursos con que cuenta. Ello, sobre la base de un
orden de prioridades al momento de dar solución a los problemas y daños
derivados del terremoto, donde la existencia de un simple badén no altera la
conectividad de las vías y, por consiguiente, no puede ser la primera
preocupación del Estado. Añadió que, por otra parte, se reconoció la culpa e
imprudencia de la víctima en la concurrencia al daño. Con lo que a la postre se
evitó pérdidas al erario nacional del orden de los $1.672.000.000.
En otro orden, la
Procuraduría continuó avanzando durante el año pasado en la regularización de
inscripciones de terrenos a nombre del Fisco, de alrededor de 2.283 lotes
expropiados desde 2012. Así, a diciembre de 2014, se inscribieron 1.838 lotes.
“Se trata de un importante estado de avance, considerando la complejidad de
este proceso, en que la mayoría de los casos presentan dificultades para lograr
su inscripción, ya sea porque se encuentren archivadas o extraviadas, sin
notificación del expropiado o, bien, carentes de individualización. La
importancia de ello radica en tener al día el catastro de bienes fiscales y dar
el sustento necesario, desde el punto de vista legal, a la ejecución de obras
civiles para el bienestar de la comunidad y progreso de la región, como
caminos, puentes, plazas, entre otros”, explicó Ximena Hassi.
Sentencias
favorables causas 27F
La Abogada
Procuradora Fiscal de Concepción se refirió a los contundentes fallos dictados
en agosto de 2014 por la Corte Suprema favorables al interés del Estado en
demandas basadas en los saqueos producidos tras el terremoto de febrero de
2010. En fallos unánimes, la Tercera Sala del Máximo Tribunal rechazó los
recursos de casación presentados contra sentencias de la Corte de Apelaciones
de Concepción, desestimando las demandas por falta de servicio del Estado
interpuestas por comerciantes de Lota y de Talcahuano, que sufrieron saqueos y
desmanes tras el cataclismo del 27F.
Dentro de los
argumentos y conceptos vertidos por el Consejo de Defensa del Estado y que el
Máximo Tribunal hizo suyos, destaca aquel que establece la irresponsabilidad
del Estado en los saqueos ocurridos, así como que la facultad de decretar
estado de excepción constitucional es privativa y excluyente del Presidente de
la República, por lo que la oportunidad de decisión no puede ser revisada por
el Poder Judicial.
Precisamente, el
Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Sergio Muñoz, destacó esta materia
en su discurso de inicio del presente año judicial, al indicar en el acápite
sobre evolución de sus tendencias jurisprudenciales que, y cito, “No se
configura la responsabilidad del Estado por falta de servicio con motivo de los
sucesos vinculados al Terremoto y Maremoto de 27 de febrero de 2010, derivados
tanto de la apreciación de los hechos que llevaron a retardar la declaración
del estado de catástrofe y omitir la presencia de las fuerzas armadas para
garantizar el orden público, como por no dar a conocer a la población, por los
medios de comunicación, la alerta de peligro por estos mismos hechos".
“En el mismo
ámbito, el Consejo de Defensa del Estado tiene la certeza —y lo ha sostenido
consistentemente en estrados— que, tanto los efectos del terremoto como del
maremoto que azotaron a nuestro país en febrero de 2010, cuyas características
resultan sumamente extraordinarias en la historia de Chile, son claros casos de
fuerza mayor o caso fortuito, en los que el Estado no tiene responsabilidad. Ello,
puesto que los sistemas de monitoreo y de comunicaciones que existían
colapsaron como consecuencia del terremoto y las autoridades no tenían acceso a
la información o la tenían parcializada”, señaló Hassi.
Detalló que a la
fecha se han presentado 52 demandas contra el Estado relacionadas con víctimas
del maremoto y saqueos en tribunales de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillán,
Talcahuano y Concepción. De estas causas, 36 han sido interpuestas en los
tribunales de Concepción. Las indemnizaciones demandadas en la región alcanzan
los $23.714.992.23. Veinticinco causas se encuentran vigentes y, de las once
finalizadas, nueve han obtenido sentencias favorables al interés fiscal. Una
fue rechazada por incompetencia del tribunal y sólo uno de los juicios ha concluido
con sentencia desfavorable para el Estado. Esto se traduce en que hasta la
fecha se ha evitado al Fisco el pago de indemnizaciones del orden de los
$3.620.574.797.
Reparación
ambiental e indemnización de perjuicios
La Abogada
Procuradora Fiscal de Concepción también se refirió al ejercicio de la acción
de reparación ambiental y de indemnización de perjuicios derivada de dicho daño
que ejerce el Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a la ley 19.300. Al
respecto señaló que en la región en 2014 se puso término mediante transacción a
un juicio cuyos hechos fundantes tienen su origen en acontecimientos de
relevancia ecológica y de importancia regional y nacional: la causa “Fisco de
Chile con ENAP Refinería de Petróleo S.A.”, en que se persiguió una indemnización
por los daños ecológicos causados el día 25 de mayo de 2007, a consecuencia del
derrame de petróleo ocurrido durante la descarga de un buque tanque extranjero,
debido a las fallas operacionales atribuibles a la deficiente mantención del
Terminal Marítimo “B”, de propiedad de ENAP Refinerías S.A., afectando con ello
a la Bahía San Vicente, al Santuario de la Naturaleza de la Península de
Hualpén, y a su ecosistema denominado “Humedal Salino de Lenga”, así como a la
comercialización de toda clase de alimento capturado en labores de pesca, todo
ello como resultado de la filtración al medio acuático y costero de 500.000
litros de petróleo crudo.
Añadió que la
demanda incluyó los conceptos de daño emergente y daño ecológico, y fruto de la
transacción destinada a poner término al juicio, se convino en:
a) Un reconocimiento a las labores de
limpieza por empresas especializadas en el rubro, y de cargo de ENAP Refinerías
S.A., con un costo final aproximado de US$ 17.751.836 y la construcción del muelle,
de descarga de combustible, actualmente operativo de un costo de inversión del
orden US$ 161.439.000.
b) Enap S.A. Refinerías aceptó y cumplió con
el otorgamiento de aportes al Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora
(CODEFF), por la cantidad de $300.000.000.
c) Transferencia al Fondo de Protección
Ambiental, administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la
Subsecretaría del Medio Ambiente, de la cantidad de $135.000.000, con la
finalidad de financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientadas
a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza o la conservación de patrimonio ambiental.
Servicio de
Mediación por Daños en Salud
En el ámbito de
Mediación por Daños en Salud, que el 4 de marzo pasado cumplió diez años desde
su instalación, y que incorpora métodos de resolución participativa para las
divergencias que se susciten entre el ciudadano y los servicios públicos ante
posibles faltas de servicio, Ximena Hassi detalló que a la fecha la
Procuraduría que preside ha recibido más de 949 solicitudes de mediación (lo
que equivale a un 9,5% del total nacional), contribuyendo a quebrar la curva
ascendente de judicialización en el área sanitaria.
En efecto, durante
2014 ingresaron 117 solicitudes de mediación, 18 más que el año anterior,
representando el 10,5% del total de ingresos a nivel nacional; lográndose
acuerdos en el 27,5% de los casos, cifra superior a la media nacional, que
asciende a 20,4%.
“Constatamos que en
términos generales los hospitales reclamados se han ido involucrando cada vez
más en los procesos de mediación, no obstante ser voluntaria su participación,
entregando la información sobre las atenciones brindadas y las explicaciones para
el reclamante, independientemente de si se llega o no a acuerdo, de esta
manera, las personas pueden acceder efectivamente a un procedimiento pre
judicial, gratuito, rápido y con un menor costo para ambas partes, tanto
usuarios de la red asistencial como servicios públicos de salud reclamados”,
destacó la Abogada Procuradora Fiscal.
Gestión interna
“La modernización
institucional es el mayor desafío que el Consejo se ha propuesto para orientar
su rol institucional y cumplir con aún mayor eficiencia las exigencias que
impone la dinámica realidad del país al Estado”, afirmó Hassi.
Asimismo, indicó
que “proteger el patrimonio que pertenece a todos permite asegurar el
desarrollo de políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos. La fuga
de recursos fiscales significa, en concreto, menos recursos para la
implementación de programas, subsidios, becas, infraestructura, etc. Esa es la
magnitud que el cumplimiento exitoso de la misión del Consejo alcanza. Y así lo
entienden los funcionarios”.
De esta forma,
indicó que el Programa de Modernización Institucional –iniciado en 2012 y
financiado mediante un crédito entre la República de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo– persigue mantener y acrecentar sus elevados
estándares jurídicos y judiciales.
Desafíos 2015
Entre los desafíos
futuros para el organismo, la Abogada Procuradora Fiscal mencionó la necesidad
de seguir trabajando en una política de fortalecimiento de las relaciones con
los clientes del Servicio y mejorar la gestión del Fisco demandado y Fisco
demandante.
Respecto de esta
última materia, explicó que “tan importante como defender a los órganos de la
Administración de las acciones judiciales interpuestas en su contra, es actuar
para recuperar lo que legítimamente le pertenece. Esta labor nos impone la
misión de ser un ente activo en la protección del patrimonio del Fisco, ya no
sólo defender, sino también demandar y actuar en su nombre, con la
trascendencia que ello conlleva para las arcas fiscales”.
Agregó que “nuestro
desafío como Procuraduría durante este año 2015 es mejorar la gestión Fisco
demandante. En ese sentido, estimamos que la mejor manera de dar cumplimiento a
este desafío es aumentando los porcentajes de recuperación (recaudación) de los
dineros demandados por esta vía. Claro está que ello depende de diversos
factores, pues diversos son los entes que en ello interviene, a saber, cliente
requirente, tribunales, demandado, terceros con responsabilidades accesorias a
la del deudor principal, entre otros. Pero dentro de la esfera de nuestras
capacidades trabajaremos en aras de este desafío”.
Finalmente planteó
que en el ámbito de fisco demandado “sin perjuicio del excelente nivel que
mantenemos —prueba de ellos es la gran cantidad de causas con resultado
favorable a nuestros intereses, así como lo escaso del quantum de las
indemnizaciones concedidas en las causas que se nos condena, como ya hemos
mostrado en esta Cuenta Pública— creemos que este aspecto no puede ser
descuidado en ningún momento, de ahí la necesidad de mantenerlo como desafío
constante”.