“El agua no puede esperar” dice
categórico el abogado Carlos Estévez,
que en este quinto año de sequía
implacable en la zona central del país enfrenta el desafío de encabezar el
organismo estatal encargado de promover la gestión y administración del recurso
hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente:
la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.
“Pensar que no hay que hacer
nada, que hay que esperar, que es un tema de gestión, de inversión o de
contratar más personas, es pensar que el agua puede esperar y nosotros pensamos
que no es así”, recalca, a propósito del revuelo que está provocando la
tramitación de la reforma al Código de Aguas, algunas de cuyas modificaciones
según la Sociedad nacional de Agricultura (SNA) serían inconstitucionales y
amenazarían el derecho de propiedad de los titulares de derechos de
aprovechamiento del recurso.
“El agua es bien de uso público,
no un bien de mercado”
“Son propuestas serias,
responsables y perfectamente coherentes con la Constitución y así lo acaban de
señalar destacados constitucionalistas en la Comisión de Recursos Hídricos”,
responde Estévez en alusión a la asistencia de los abogados Arturo Fermandois y
Emilio Pfeffer a una de las últimas sesiones de ese grupo de trabajo de la
Cámara de Diputados.
El jefe de la DGA recalca
asimismo que lo que se discute hoy es la indicación sustitutiva al proyecto de
reforma al Código presentada por el Gobierno que contempla la priorización de
usos del agua para consumo humano y saneamiento; entrega mayores atribuciones a
esa Dirección para limitar y redistribuir las aguas, especialmente en
situaciones de escasez hídrica, y exime a los solicitantes de derechos para
agua potable rural del mecanismo de remate.
Asimismo fija causales de
caducidad del derecho de aprovechamiento de aguas por el no uso efectivo del
recurso o la omisión del titular de cumplir la obligación de registro y
establece un sistema de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas
sobre la concesiones de 30 años renovables precia verificación de uso efectivo
del recurso.
“El propósito de las indicaciones
es intensificar el carácter del agua como bien nacional de uso público, como
está definida en el Código Civil y en el Código de Aguas, porque no es un bien
de mercado” señala y enfatiza que los ejes de la reforma son el acceso al
recurso para consumo humano y saneamiento en conformidad con la resolución de
Naciones Unidas en tal sentido buscar un equilibrio entre el uso del agua y su
sustentabilidad; posibilitar la mejor eficiencia en el aprovechamiento de
aquélla y el buen funcionamiento del mercado, que se ve alterado por prácticas
como el no uso del agua o la falta de inscripción de los derechos de
aprovechamiento en el Conservador de Bienes raíces para eludir el pago de
patente.
Multas Irrisorias
Estévez expone que la DGA “está
planteando que en situaciones críticas o en que la sustentabilidad del acuífero
esté en juego, la autoridad pueda adoptar decisiones que aseguren el buen
funcionamiento del balance hídrico”, para lo cual hoy no está facultada y solo
puede prorratear las agua si un tercero se lo solicita expresamente al ver
perjudicados sus derechos.
Además, en alusión a la agenda
legislativa vinculada con el recurso hídrico, recalca la intención de revisar
la iniciativa sobre fiscalización y sanciones que se encuentra en segundo
trámite constitucional en el Senado. “Creemos que es tiempo de reabrir la
discusión y ver si vamos a hacer algunas indicaciones porque hoy en día la
realidad es que quien contraviene el Código de Aguas, quien usurpa agua, quien
la extrae de modo ilegal, tiene unas multas que son irrisorias”.
“Si uno va a la Ligua o a
Petorca” – prosigue – se encuentra con que esto es un problema gravísimo, que
aunque la unidad de fiscalización actúe adecuadamente y remita todos los
antecedentes al tribunal correspondiente, los resultados son casi cómicos. Esto
es muy triste. Es más bien tragicómico.
Pregunta.- En el marco del cambio
climático, ¿la sequía llegó a esta zona para quedarse como en la Región de
Coquimbo?
Respuesta.- Si uno dividiera las
aguas que corren en el globo terráqueo por el total de sus habitantes, el
promedio mundial – y no estoy hablando de estos años, - es de 6.600 metros
cúbicos por persona al año. En la región de Valparaíso, en los últimos 80 años,
es al menos seis veces menor que el promedio mundial, y el de Chile es nueve
veces mayor que este último.
En el país se han ido
consolidando tres grandes macrozonas. Desde la Región Metropolitana al norte,
me atrevería a decir que se está constituyendo una macrozona de aridez,
semiaridez o desertificación. En ese grupo de regiones, Valparaíso es la que
tiene más disponibilidad de aguas de escorrentía superficial: se acera a los
900 metros cúbicos por persona al año. Pero hay zonas en el extremo sur que
tienen millones de metros cúbicos. Entonces, el tema es evaluar en forma seria
y metódica una nueva institucionalidad hídrica que se haga cargo de un problema
muy claro: tenemos respuestas homogéneas para un país que es heterogéneo.
P.- En el corto plazo, pensando
en el agua potable rural que funciona con pozos que se están secando, como
parece ser también la situación en algunos balnearios de la región, ¿qué
podemos esperar?
R.- Cuando hay buena situación
hídrica la gente dice “el mercado funcionó bien” y cuando ocurre lo contrario
pregunta qué hace el Estado al respecto.
Yo creo que es importante que nos
pongamos de acuerdo. Nosotros creemos que ya llegó la hora de definamos por ley
que el agua para el consumo humano debe tener una prelación y prioridad
distinta y diferenciada, y eso hoy día no está en la ley. Cuando se trata de
agua potable, de agua potable rural particularmente, si se pide agua para ese
fin y una empresa solicita los mismos derechos para uso productivo, pensamos
que no debe utilizarse el mecanismo de remate para determinar quién se queda
con el agua. No deben utilizarse solo mecanismos de mercado. Nosotros no somos
enemigos del mercado, pero creemos que cuando hay que garantizar un bien
esencial para la comunidad y que tiene que ver con la salud y la vida, hay que
tomar decisiones radicales, claras y expeditas y eso tiene que ver con la
reforma al Código de Aguas.
Los embalses
Los productores agrícolas dicen
que por falta de embalses se pierden anualmente 1.200 millones de metros
cúbicos que pasan por el Aconcagua y van a dar al mar y que con un cuarto de
esa agua la región de Valparaíso no tendría problemas.
El Ministro Alberto Undurraga ha
anunciado un plan de embalses para la región. Esto se ha trabajado y conversado
con la Comisión Nacional de Riego y en forma coordinada con la Dirección de
Obras Hidráulicas de nuestro Ministerio. Creemos que efectivamente en la región
de Valparaíso hay que trabajar en esa línea, es necesario hacerlo. Hay lugares
donde las soluciones son de carácter distinto y a veces son muy complejas.
Puntilla del Viento es un ejemplo porque hay personas que se encuentran en el
lugar donde se desarrollaría el embalse. Sin embargo, no toda el agua que llega
al mar se pierde. No hay que olvidar el componente de sustentabilidad y
ecológico. Hay vida que depende del encuentro entre agua dulce y salada. Pero
creemos que estamos en condiciones de hacer mayores inversiones para asegurar y
mejorar el riego, por una parte, y por cierto para asegurar el consumo humano.
Críticas de la SNA
La SNA ha sido muy crítica de la
reforma al Código de Aguas, planteando que extendería a derechos ya concedidos
las limitaciones que tendrían las nuevas concesiones de derechos de aguas, y
eso lo ve como una amenazan al derecho de propiedad.
No estamos discutiendo la idea de
legislar. En esa etapa alguien puede decir que es conveniente o inconveniente
hacerlo. Algunos pueden creer que puede esperar y por lo tanto hay que tomarse
10 o 20 años antes de tomar decisiones de fondo. Nosotros creemos que el agua
no puede esperar. El Código de Aguas se pensó y se trabajó en la segunda mitad
del siglo 20. Estamos en el siglo 21, el fenómeno del cambio climático es
evidente y tenemos que hacer cambios.
Por otra parte, los constitucionalistas que asistieron a la comisión de
recursos hídricos plantearon claramente que no hay un reproche de
constitucionalidad en la materia y que
no consideran que las propuestas de extinción de los derechos o caducidad en
los casos excepcionales que se están planteando puedan ser inconstitucionales.
P.- ¿La reforma toca los derechos
ya concedidos de aprovechamiento de aguas?
R.- La reforma toca todos los
derechos y en algunos aspectos hace una distinción entre aquellos a concederse
respecto a los concedidos. La reforma del año 2005, que estableció el pago de
patente a quien no usaba el agua, a través de una presunción en función de la
existencia o no de obras para extracción de la misma, afectaban derechos que
existían. Eso es algo que el legislador puede hacer siempre; la Constitución
así lo determina. Distinto es que afecte la esencia del derecho o que esta
afectación llegue a significar una suerte de extinción del derecho, que
nosotros estamos planteando en casos muy específicos, donde además no existe el
factor sorpresa ni de imprevisibilidad, donde depende del propio titular si
puede o no ser afecto de esta extinción de derechos.
P.- También la SNA teme que la
calificación del mal uso de derechos de aprovechamiento pueda ser parcial o
arbitraria.
R.- No es arbitrario, está en la
ley hoy día. Creo que en estos 20 años no ha habido ningún reclamo de
arbitrariedad al respecto, porque la ley determina específicamente qué se
entienden por el no uso del recurso en el artículo 129 bis y siguientes. No se
está cambiando esta norma. Se está aplicando la misma porque es objetiva y
clara, no puede ser objeto de discreción.
P.- La misma SNA plantea que la normativa
vigente en materia necesita algunos ajustes, pero en general funciona.
¿Funciona?
R.- Hay cosas que funcionan,
otras que no funcionan y hay cosas que funcionan mal. Creer que nuestra
institucionalidad y nuestra legislación está preparada para el fenómeno
climático con la normativa que actualmente tenemos sería un grave error. Creer
que esta iniciativa de la que estamos hablando es la única y definitiva ley que
hay que hacer para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante sería
también un grave error. Nosotros creemos que hay que hacer cambios múltiples
cambios, además de revisar la iniciativa sobre fiscalización y sanciones.
P.- ¿Cómo cuáles?
R.- La Presidenta señaló en su
discurso del 21 de mayo que se va a remitir un proyecto de ley vinculado con la
protección de los glaciares, lo que será una tercera iniciativa con algún
efecto sobre la normativa de aguas. La cuarta. Regular el buen funcionamiento a
nivel de cuencas, de la gestión integrada de recursos hídricos y empoderar a
las organizaciones de usuarios.
Además tenemos un serio problema
de institucionalidad hídrica; no puede ser que tengamos más de 100 funciones
distribuidas en más de 40 organismos que muchas veces se yuxtaponen. Se
requiere una mirada conjunta. Es tan así que ya en 2009 la presidenta Bachelet
constituyó una coordinación interministerial de recursos hídricos y hoy tenemos
funcionando un comité de ministros abocado a la materia. Es necesario abordar
el tema de una nueva institucionalidad que esté a la altura de los tiempos.
Todo esto apunta a una sola cosa: no sería aceptable que en medio de una sequía
como la que estamos viviendo, en medio del fenómeno del cambio climático y
además existiendo debilidades serias como las que existen, nosotros nos
quedáramos cruzados de brazos”.
Más recursos para cumplir la
labor de fiscalización
Sobre la crítica que se le ha
formulado a la DGA en el sentido que habría descuidado su rol fiscalizador,
Carlos Estévez expone que en su estructura orgánica el organismo no tiene una división
de fiscalización fue creada a posteriori como una unidad y se ha mantenido en
el tiempo gracias a la ley de presupuestos. “Hasta antes del 1 de enero del
2015 esta unidad ha tenido 31 funcionarios que o están 100% dedicados a
fiscalización porque deben también realizar fiscalización ambiental. Pero en la
discusión del presupuesto 2015 pedimos que el ítem para dotación de recursos
humanos pueda ir creciendo, de modo que cuando se termine el gobierno de la
presidenta Bachelet se cumpla con las recomendaciones del informe del Banco
Mundial 2011, que dice que a la DGA le faltan 105 profesionales para poder
cumplir sus funciones. Yo podría preguntar en qué año de la administración
anterior se aumentó la dotación de la DGA. Para 2015 se regularizó el déficit y
se autorizó el crecimiento en 29 profesionales para fiscalización y gestión,
toda vez que efectivamente se arrastra desde hace muchos años lentitud en la
tramitación de expedientes.