Se busca imputar delitos de
malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La acción fue interpuesta
por la abogada Mariella Dentone en representación del organismo.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE)
presentó en el Juzgado de Garantía de Chillán, una querella en contra del
alcalde de Chillán Viejo y otros 3 funcionarios municipales por las presuntas
irregularidades cometidas en la municipalidad de Chillán Viejo, y que fueron
investigadas por la Contraloría General de la República.
"Los delitos que se están
imputando son de malversación de caudales públicos y fraude al fisco",
dijo la abogada del CDE, Mariella Dentone, quien agregó que "estimamos que
existen antecedentes que permiten atribuirle responsabilidades penales al
alcalde en estos hechos".
Dentone dijo creer que la
investigación se va a extender por un tiempo largo, y finalizó diciendo que
"es evidente que existe una lesión al patrimonio municipal".
Querella revela cómo habría operado supuesto fraude en Chillán Viejo
Ex funcionarios y proveedores
coludidos.
El Tribunal de Garantía de
Chillán acogió a trámite la querella presentada por el abogado Ricardo
Robles, en contra de nueve ex
funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo y cinco proveedores de
servicios, por los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento
privado y usurpación de nombre.
La acción judicial fue
interpuesta en representación de tres altos funcionarios que según un informe
especial de Contraloría (marzo 2014) firmaron decretos de pago que contienen
irregularidades financieras: Ulises Aedo, administrador municipal; Paola Araya,
directora de Administración y Finanzas; y Gabriela Garrido, encargada de
Control Interno.
En la querella se individualiza
al antropólogo Andrés León (PPD), ex jefe de Dideco (renunciado en marzo de
2013), como el presunto autor de recepciones de servicios falsas, y pagos
dobles y triples a un mismo proveedor, pesquisados en decretos de pago
generados por la Dideco “por medio de falsedades”.
Según la parte acusadora, León,
mientras fue director de Administración y Finanzas (s), habría utilizado ese cargo para burlar los sistemas de control
municipal. Además, se afirma que (León)
siendo “ITO de los contratos licitados por la Dideco tenía contacto directo con
los proveedores de servicios, con los cuales se concertaba para realizar pagos
irregulares y sin los cuales no se podrían haber consumado los delitos”.
En específico, la querella acusa
de eventual co autoría en fraudes reiterados al municipio, a los proveedores
Jorge Ríos, represente legal de la empresa de buses Silvana Ríos, por
sobrepagos concertados por $28 millones 830 mil, y $480 mil, y viajes no
realizados y cancelados por $8 millones 440 mil; a la proveedora de alimentos
Clara Cea, por sobrepago de $460 mil, a Cea ($21 millones) y Marta Mardones ($1
millón 765 mil) por alimentos y bebidas no recepcionados por los beneficiarios
través de “recepciones falsas ideológicas”; a Banquetería Parra por pagos
irregulares por $11 millones; y a Inés Veloso por certificación falsa de
servicio prestado (camión pluma) por $6 millones 570 mil.
A esto se suman recepciones de
servicios con presuntas firmas falsas de los dirigentes de los clubes
deportivos Los Colihues y Rucapequén, por
$10 millones 680 mil.
“Mis clientes fueron engañados
por León, dado que éste como ITO de los contratos licitados daba fe que se
habían prestado los servicios o se habían recepcionado bienes por los
beneficiarios, y con ello gestionaba los decretos de pago que eran firmados por
mis representados. Se aprovechó de la buena fe implícita en un trabajo en
equipo”, afirma Robles.
El resto de los empleados
municipales a los cuales en la querella se les sindica como presuntos
facilitadores de los delitos son Susana Fonseca, Ignacio Moreno, Alonso
González y Francisco Monroy, ex funcionarios de la oficina de Participación
Ciudadana; Raquel Badillo, ex secretaria de Dideco y encargada de la unidad de
compras en Chile Compras; Irma Godoy, actual funcionaria y encargada de
adquisiciones en la unidad de Administración y Finanzas, quien según la querella “tenía acceso al sistema
informático de contabilidad para comprometer presupuestariamente los montos que
se generaban en las órdenes de compras”; Elizabeth Riquelme, funcionaria,
asistente social que prestó servicios en el “Programa de apoyo a las
organizaciones (...) y orientación a vecinos”; y Valentina Navarrete, ex
funcionaria que se desempeñó en el programa “Apoyo Administrativo en las
iniciativas de los jóvenes de la comuna”.
Pese a que la querella desliza
responsabilidades, para el concejal Jorge del Pozo (PRSD) solo busca exculpar.
“No hay que buscar los culpables en otros, cuando evidentemente la primera
responsabilidad la tienen los directores y el alcalde Felipe Aylwin. La
querella es una situación poco decorosa. Es un despropósito estar buscando
responsabilidades en funcionarios de carrera. Creo que hay un poco de
desesperación y estos directivos están tratando de exculparse. Me parece
bochornoso de parte de ellos, aquí hay que tener un poco de dignidad y
reconocer que tenían que vigilar y no hoy estar culpando a los que no tenían
esa responsabilidad”, afirmó el edil.
Fuentes: soychile.cl y
ladiscusion.cl