$70 millones deberá cancelar al
fisco sociedad agrícola que integra el desaforado parlamentario.
“Es un fallo de la Corte Suprema
y frente a esta última instancia solo hay que acatar y cumplir con la
resolución”, dijo Ignacio Martínez Labbé, administrador y representante legal
de la empresa familiar Sociedad Agrícola y Forestal Rosauro Martínez y Compañía
Limitada, al referirse al fallo del máximo tribunal del país que ratificó un
dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago que sancionó a esa compañía
agrícola por extracción ilegal de aguas en el fundo “Los Mañíos” (500
hectáreas), localizado en la comuna de El Carmen.
El desaforado diputado chillanejo
Rosauro Martínez Labbé (RN), es uno de los socios de la empresa, la cual además
fue multada a cancelar 100 UTA (Unidades Tributarias Anuales) por reiteradas
infracciones al artículo 171 del Código de Aguas, e incumplir los
procedimientos y omitir la solicitud de permisos para construir un tranque que
desvió las aguas del estero “El Quemado”. Ello, perjudicó el riego agrícola en
predios adyacentes, cuyos propietarios denunciaron en 2009 a la familia Martínez
ante la Dirección General de Aguas (DGA).
“Los tribunales de justicia han
ratificado las multas que aplicó en su momento la DGA a esta sociedad agrícola.
Se determinó que había un ilícito por
obras no autorizadas de un acumulador de aguas (muro de 8 metros de altura) que
desvió ilegalmente recursos hídricos de un estero. La multa alcanza cerca de
$70 millones”, puntualizó el seremi de Obras Públicas René Carvajal (PS).
El monto a cancelar por la
familia Martínez será cobrado por la Tesorería General de la República en
beneficio del Fisco.
“Ahora procede, y lo que parece
prudente es que la empresa sancionada devuelva el cauce natural y elimine todas
las obras que acumulan agua indebidamente. Si eso no ocurre, los particulares
tendrán potestad para ejercer acciones legales ante las instancias que
correspondan para exigir la demolición de las obras”, agregó Carvajal, quien
advirtió que ante eventuales denuncias de la persistencia del ilícito, la DGA
fiscalizará en terreno y dispondrá de nuevas acciones para exigir el
cumplimiento de la resolución judicial.
“La sociedad lleva el nombre de
mi padre, todo lo que tiene que ver con administración, proyectos y decisiones
recae en uno de mis hermanos”, argumentó en 2011, el diputado Rosauro Martínez,
luego que el agricultor Nelson Quilodrán, realizara una segunda denuncia ante
la DGA.
SUPREMA Y SENTENCIA POR DESAFUERO
En tanto, la Corte Suprema dio a
conocer el fallo unánime de los 16
ministros que ratificaron (el viernes pasado) el desafuero decretado a mediados
de mayo por la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra del parlamentario por
su presunta participación en el homicidio calificado de tres miristas, cuando
era capitán de Ejército, en Remeco Alto (Los Ríos), en 1981.
En los alegatos previos, el
defensor Fernando Saenger solicitó anular todo el proceso seguido en contra del
parlamentario, aludiendo a que la ministra de la Corte de Valdivia, Ruby
Alvear, se había declarado implicada al subrogar y decretar diligencias en
reemplazo de la ministra en visita Emma Díaz. “(...) el motivo de nulidad por
quebrantamiento del debido proceso de ley invocado por la defensa, no comparece
en los términos alegados (...) las providencias previas que (...) aparecen suscritas por la ministra Alvear
carecen de la trascendencia necesaria para dar pábulo a una eventual
invalidación de las mismas, por no haber referido ninguna a la cuestión de
fondo esencial a ser resuelta: el acogimiento o el rechazo del desafuero”,
precisa el fallo de la Suprema.
Tras conocer el detalle del
fallo, la abogada querellante, Magdalena Garcés, adelantó que pedirá a la
ministra Díaz, ampliar el desafuero en contra de Martínez, por la muerte de
otros dos miristas (René Bravo y Julio Riffo)
detenidos en Nalalhue, y posteriormente asesinados en Neltume, en 1981.