En caso que la Corte Suprema le
quite el fuero a diputado del distrito 41, Nueva Mayoría contaría con los votos
necesarios para reformas constitucionales, dice académico de la Uach.
A cuatro días que en la Corte
Suprema se desarrollen los alegatos por la solicitud de desafuero en contra del
diputado chillanejo Rosauro Martínez Labbé (RN), y en medio de especulaciones
periodísticas respecto a quién podría reemplazarlo en la Cámara Baja, surgen
nuevos escenarios políticos en caso que el máximo tribunal del país lo despoje
de su fuero parlamentario.
Así lo plantea el abogado y
académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Austral de Chile, Fernando Muñoz.
El profesional, docente de
Derecho Constitucional e Historia del Derecho, sostiene que si la Suprema
mantiene a firme el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, cuyo pleno
desaforó a Martínez el pasado 12 de mayo, se abre un escenario favorable para la
Nueva Mayoría en las votaciones parlamentarias, al bajar los quórums necesarios
para reformar la Constitución.
“Una vez que la resolución quede
ejecutoriada, el número de diputados en ejercicio habrá bajado de 120 a 119.
Esto tiene consecuencias sobre diversos quórums de aprobación de leyes. Por
ejemplo, el quórum para aprobar o modificar leyes de quórum calificado baja de
61 a 60 diputados”, comenta Muñoz.
Quórum calificado requiere la
regulación de la seguridad social como la creación de empresas estatales:
si hay un proyecto sobre creación de una
AFP estatal, sería una materia de quórum calificado.
Asimismo, el abogado asegura que
el quórum para aprobar o modificar leyes orgánicas constitucionales baja de 69
a 68 diputados. “El quórum para derogar el artículo 15º, inciso 2º de la
Constitución (“Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y
plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución”) baja de 72 a 71
diputados.
En este punto, Muñoz recuerda que
la Nueva Mayoría tiene 67 diputados (64 militantes de partido y 3
independientes). “Si a esos diputados se suman el diputado del Partido Liberal
y los tres independientes elegidos fuera de pacto (Boric, Jackson y Sepúlveda),
ya están los diputados necesarios para aprobar en la Cámara la reforma
constitucional que se ha planteado como alternativa para llevar a cabo un
plebiscito constituyente (esto es, la derogación del artículo 15)”, afirma el
académico.
En el caso de la reforma
educacional, “si bien en general es un asunto de ley simple, algunas materias
son de ley orgánica constitucional (la determinación de los requisitos mínimos
que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media,
las normas que permitan al Estado velar por su cumplimiento, y los requisitos
para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales). En este
caso, el quórum es de cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, por
lo que ahí el quórum también se ve afectado y es favorable a la Nueva Mayoría”,
afirma el abogado Muñoz.
La tesis, solo se concretaría si
Martínez es desaforado. Ello pues, si así ocurriera, no pierde su calidad de
parlamentario, pero queda impedido de asistir a las sesiones y votaciones de
proyectos de ley en la Cámara Baja.
Solo si Martínez es sometido a
proceso, y luego condenado, perdería su cupo en el Parlamento. Recién ahí,
Renovación Nacional tendría que reemplazarlo. Ello, si la condena es previa a
que termine su período (2017). En esa contingencia, RN podría llamar a
elecciones a los militantes del distrito 41 o en efecto nombrar al personero
que genere mayor consenso en las filas de ese partido de la oposición.
Imputaciones
A Martínez se le imputa el
homicidio calificado de tres miristas cuando era capitán de Ejército al mando de
un grupo de comandos militares destinado
a eliminar una célula subversiva reagrupada en el sector de Neltume, cordillera
de Panguipulli, en septiembre de 1981.
Fernando Saenger, abogado
defensor de Martínez, ha sostenido que la muerte de los integrantes del MIR
sucedió en medio de un enfrentamiento armado en el que además del Ejército participó la CNI y
Carabineros. Los tres querellantes afirman que las víctimas fueron acribillados
mientras permanecían ocultos en una vivienda rural.
Fuente: ladiscusion.cl