El lucrativo negocio detrás de los 343 derechos de agua solicitados en Ñuble

Peticiones para derechos de agua no consuntivos se prestan para ofertas millonarias y especulación.

A juzgar por los avisos de prensa que se publican cada vez que un interesado quiere inscribir un derecho de agua, en el último tiempo esta práctica, al menos en Ñuble, haberse incrementado, para derechos de agua no consuntivos, esto es, aquellos en que quien lo solicita no lo requiere para riego, sino que para alimentar una futura central hidroeléctrica y devolver el caudal en un punto más abajo.
La Provincia de Ñuble es abundante en ríos y esteros, y los ojos de muchos empresarios están sobre esos cursos de agua que potencialmente pueden ser aprovechados, en el futuro, por las turbinas de las hidroeléctricas grandes o las de pasada.
En total, a diciembre de 2013, según las últimas estadísticas de la Dirección General de Aguas, DGA, publicadas en su sitio institucional, existen 343 solicitudes para aprovechamiento de derechos no consuntivos de agua en la provincia, siendo la mayoría para ríos de las comunas cordilleranas, aun cuando hay peticiones en torrentes de la cordillera de la costa, en la comuna de Cobquecura y otras.
Detrás de los requerimientos ante el organismo estatal, que no quiso pronunciarse el respecto, hay personas naturales, empresas nacionales e internacionales que pretenderían construir centrales de pasada, o vender sus derechos a quienes las levanten.
Por ejemplo, en Yungay han presentado solicitudes las empresas Tanco, Exploenergías, Compañía Cuarto Quinto Ltda.; en Pinto HidroChile, Emilux, Ungerex S.A. y Aguas Lancuyén, entre otros; en San Fabián Sarlat S.A.; Inversiones y Rentas Spa; la Sociedad de Energías Renovables Laguna Árida; Wasserfraft Inversiones y varias más.
El tema preocupa a las juntas de vigilancia de los ríos de Ñuble, como a los ambientalistas, que creen que detrás de las solicitudes hay mucho de especulación financiera y lucrar con recursos que, según su opinión, deben ser nacionalizados.
El marco sobre el cual se concretan las solicitudes es el Código del Agua y es del año 1981 y fue reformulado el año 2006, pero que a pesar de algunos cambios, permite que ocurran situaciones que Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, califica como “lamentables”.
La líder ambiental reconoce que estamos ante un problema que debe ser resuelto mediante modificaciones legales de fondo, que en estos momentos están en el Congreso y que apuntan a que el agua vuelva a ser un recurso nacional no sujeto a los vaivenes del mercado.
Actualmente, precisa Héctor Jaque, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Chillán, el mercado de las aguas, que parece estar regulado por la DGA es altamente especulativo.
Lo es desde el momento en que cualquiera persona es capaz de solicitar la inscripción de aguas de manera gratuita, y posteriormente puede venderlas a precios que pueden ser muy elevados.
El dirigente recuerda que el año 1995 una mujer domiciliada en Concepción inscribió en el sector de Los Pellines, donde se pretende levantar el embalse La Esperanza sobre el río Chillán, derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos de ese cauce, y como no hubo mayor oposición, la Dirección General de Aguas no tuvo más remedio que entregarle lo que solicitaba.
Sin embargo lo que nadie sospechaba era que tras el nombre de una dueña de casa (Marta Roa) estaba nada más y nada menos que la poderosa Endesa, la misma firma que tiene la mayor parte de los derechos de agua en el país para uso hidroeléctrico.
Si bien posteriormente la Junta de Vigilancia del Chillán trató de oponerse a la decisión de la autoridad, los esfuerzos legales desplegados fueron infructuosos.
Jaque, posteriormente, conoció a quien había inscrito los derechos en Concepción, pero a esa altura los títulos estaban en poder de cuatro sociedades, cada una de las cuales manejaba recursos hídricos del orden de los 50 m3.
Los flujos de agua no eran menores y prácticamente de la nada empresarios o funcionarios conocedores de la legislación pudieron obtener positivos resultados financieros sin haber invertido prácticamente ningún peso.
Finalmente, el negocio habría terminado en que aguas, que fueron entregadas gratuitamente, tienen un valor de alrededor de 4 millones de dólares.
Los derechos de agua son entregados a perpetuidad, y si bien el año 2006 hubo una modificación y se incorporó una multa por el no uso de los recursos al cabo de un par de años, quienes los poseen prefieren pagarla a la espera de que salga un proyecto rentable.
Además, nunca ha estado muy claro el proceder en la entrega de los derechos no consuntivos, existiendo sospechas no confirmadas de relaciones poco transparentes entre solicitantes, funcionarios estatales o altas autoridades, que de la noche a la mañana se hicieron de derechos no consuntivos y posteriormente los habrían vendido a empresas eléctricas.
Héctor Jaque desliza tácitamente que “muchas personas piden derechos no consuntivos de agua sabiendo que jamás las van a utilizar para proyectos hidroeléctricos, sino que para especular”.

Afecta los derechos consuntivos
Jaque, quien estudió el Código del Agua durante tres años, sostiene que los derechos no consuntivos afectan a los que tienen derechos consuntivos, esto es, a los regantes, pues “el Código de Electricidad pasa por sobre el de Aguas, lo que puede dejar a los que usan el agua para riego sin posibilidad de utilizarla o ocuparla en menor medida afectando los cultivos”.
La inscripción de aguas, al parecer poco transparentes en el sector Los Pellines, afectaría al futuro embalse La Esperanza, obra mayor para los regantes del Chillán, pues a la hora de construir el muro, el Estado debería pagar por los derechos conseguidos de manera poco transparentes y que valen hoy unos 4 millones de dólares.
Margarita Letelier, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, conoce igualmente este problema, que ha estado dentro de las preocupaciones de la entidad desde hace muchos años.
Para la junta del Ñuble, como para otras constituidas, no queda otra alternativa que estar atentos a las publicaciones de los solicitantes y oponerse legalmente cuando ven que podrían llegar a tener perjuicios.
El daño mayor que podrían sufrir como regantes del Ñuble es que algunas bocatomas no alcancen a recibir agua, debido a que cuando se construyen hidroeléctricas es necesario elevar el vital elemento para darle la potencia que requiere la casa de máquinas, lo que puede afectar a algunos canalistas.
Una de las alternativas que maneja la entidad, para evitar que se sigan inscribiendo aguas en la cuenca del Ñuble, es que ésta sea declarado como agotada.
Es un trabajo que ya lleva varios años y que se fundamenta en las bajas sostenidas que ha tenido el caudal producto de la sequía en la zona.
“El río Ñuble debe ser declarado como técnicamente agotado y de esa manera nadie más podría inscribir derechos”, recalca la dirigenta.
El tema está siendo analizado por la DGA luego de que ellos pidieran oficialmente que enviaran todos los antecedentes que confirman que el curso fluvial no está en buenas condiciones.
Todo por la energía
José Luis Arumí, decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción y experto en el tema hídrico, sostiene que el problema puede tener su génesis en la carencia de energía que posee el país.
En estos momentos, Chile tiene cierta escasez de electricidad y los proyectos fluviales serían un buena alternativa, considerando además que las pendientes en el territorio son elevadas, lo que favorece la generación.
En estas condiciones no le extraña que existan tantas solicitudes para recursos de agua no consuntivos en Ñuble y el resto del país.
Según registros de la DGA, a diciembre del año pasado a nivel nacional había 5.160 solicitudes de aprovechamiento de aguas, la mayoría de la zona centro sur del país.
Arumí precisa que “el negocio es tan bueno, que los empresarios que construyen hidroeléctricas de pasada pueden recuperar la inversión en unos cinco años”.
La necesidad de energía es tan grande, y los valores que se pagan por ella son tan elevados en Chile, que no es raro que existan tantas iniciativas en marcha. Las plantas generadoras que son construidas recuperan la inversión en pocos años, tienen costos de mantención relativamente bajos y el resto son solo utilidades durante el tiempo de vida útil de la planta.
Recalca que Chile tiene costos de producción, por ejemplo en cobre, más altos que en Estados Unidos, lo que se explica solamente porque nuestra energía tiene un costo demasiado elevado.
La Dirección General de Aguas a nivel regional no entregó información al respecto.

Fuente: ladiscusion.cl

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