Una nueva brecha de discusión se generó en torno al megaproyecto “Punilla” esta vez entre los dirigentes agrícolas Alfredo Schmidt y Ernesto Eguiluz quienes tienen visiones diametralmente opuesta sobre el modelo de negocio que el gobierno a pedido a los regantes.
Pareciera el MOP está ala espera que los regantes e pongan de acuerdo sobre el modelo de negocio que plantearan a la autoridad ya que aun existen diferencias entre los regantes y sus dirigentes respecto de la forma en que se distribuirían los recursos que se generarían por el uso de las aguas del Ñuble en relación con el negocio eléctrico de la empresa generadora que gane la eventual licitación.
Hay quienes creen a que los dueños del agua deben obtener una parte sustancial de aquellas utilidades, mientras que otros apuestan a crear una Corporación que administre los recursos para beneficio de la cuenca. A esto se agrega las opiniones divididas sobre la representatividad de los dirigentes que están liderando las conversaciones.
Alfredo Schmidt, dirigente local, señalo a la prensa que “todo está demasiado enredado, está “requeté” enredado y nadie entiende muy bien lo que pasa”.
Agrega que a su juicio “la Junta de Vigilancia no está en condiciones de hablar en nombre de los 4.000 dueños del agua, pues ella es sólo una entidad que administra el uso del agua, pero no es la dueña del recurso”.
Además refiere que junto a la entidad que dirige Margarita Letelier existe otra, la Comisión Punilla, conformada por representantes que “no tienen validez legal ni personería jurídica”.
Schmidt, quien quiere un embalse sin energía eléctrica, recalca que uno de los temas sin solución es el del reparto futuro de las utilidades que generaría la venta de electricidad.
Por su parte el coordinador de la Comisión Punilla, nacida al alero de la Junta de Vigilancia, Ernesto Eguiluz respondió los dichos de Schmidt calificándolo de un actor de “tercera importancia”
Indicó que como Comisión Punilla tiene listo el proyecto de negocios mediante el cual se construiría La Punilla, el cual considera dividir el proyecto en la acumulación y en una etapa posterior incluir la generación de energía eléctrica, como sucedió con el embalse Digua de Parral.
“Nuestro modelo de negocios considera que el embalse debe ser construido (por el Estado) mediante el Decreto Fuerza de Ley 1123”, lo que implica gasto estatal en levantar el muro que detendrá las aguas para su posterior distribución.
“Sí o sí queremos que se construya mediante el Decreto 1123 de Riego y en forma posterior se anexe una turbina para generar electricidad, porque no queremos que nos pase los mismo que en otros proyectos, donde los agricultores han tenido problemas para acceder al recurso hídrico en manos de las empresas eléctricas”, sostiene el dirigente sancarlino.
Agrega que frente a la generación futura y los excedentes que se pueden generar, que son muy elevados, es necesario “no ser egoístas sino que pensar en Ñuble y en la cuenca”.
Este modelo choca ciertamente con las pretensiones del Gobierno, que estima que la obra sólo se puede construir bajo el sistema de concesión a privados.
El negocio que pretenden los regantes, no es menor, ya que se cree que este embalse generaría alrededor de 50 millones de dólares anuales y ellos como dueños del agua pretenden una parte considerable de las utilidades.