El 1er Juzgado de Letras de San Carlos fue escenario esta semana de una nueva jornada del juicio por tutela laboral que enfrenta la Municipalidad de San Carlos con uno de sus funcionarios.
La causa, caratulada "Barros con Ilustre Municipalidad de San Carlos", tiene como trasfondo un sumario administrativo, una controversia por compras institucionales y la actuación gremial del demandante.
En la audiencia, el alcalde Rubén Méndez Venegas prestó declaración ante las consultas de la defensa del trabajador. En un principio, la autoridad señaló no recordar investigaciones en curso contra el encargado de adquisiciones y dirigente gremial José Tomás Barros Carrasco. Sin embargo, la parte demandante le exhibió el Decreto Alcaldicio Exento N° 351 de septiembre de 2025, documento que instruía la investigación sumaria y designaba fiscal. Ante esto, el edil dio lectura al escrito y precisó que el trámite correspondía a la Dirección Jurídica.
El origen de la controversia
El conflicto se remonta a mediados de 2025, cuando la municipalidad tramitó 149 tarjetas gift card para uniformes institucionales por $58.263.040. La Dirección de Control cuestionó el procedimiento por los límites legales del gasto en personal a contrata, lo que llevó a Barros a presentar una representación formal para resguardar su responsabilidad.
Finalmente, la administración decidió reasignar esos recursos a programas sociales y becas, informando la medida mediante el Memorándum N° 71/2025, difundido por la plataforma interna "Cero Papel". Para el demandante, esa difusión constituyó una exposición pública indebida; el municipio, en cambio, lo defiende como un acto de transparencia.
El litigio sumó un nuevo capítulo cuando Barros, en su calidad de dirigente de ASEMPAC, intervino en una sesión de Concejo Municipal para discrepar del traslado de una abogada entre direcciones. Eso motivó la instrucción del sumario por eventuales faltas al deber de respeto y jerarquía, lo que llevó al funcionario a ampliar la demanda acusando prácticas antisindicales y afectación a su honra e integridad psíquica.
Las posturas en el proceso
La defensa municipal sostiene que la condición gremial no exime a los funcionarios del marco estatutario y que las decisiones adoptadas se enmarcan en las atribuciones legales de la autoridad edilicia.
Por su parte, el demandante solicita una indemnización de $50.000.000 por daño moral, además de medidas reparatorias como disculpas institucionales dirigidas a los funcionarios municipales y en sesión de Concejo.
Concluida la jornada de testimoniales y confesiones, el tribunal fijó la continuación de la audiencia para el próximo 8 de septiembre a las 11:00 horas, oportunidad en que se rendirá la prueba pendiente previa a la dictación del fallo.
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Puntos Clave
- 🔹 Municipio de San Carlos es demandado por $50 millones.
- 🔸 Juicio incluye sumario administrativo y rol gremial.
- 🔹 Conflicto nace por compra de 149 gift cards.
- 🔸 Audiencia continuará el 8 de septiembre.
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