La situación incluye a diversas dependencias de la administración municipal: el Centro Cultural, la unidad de Asistencia Social, el Centro de las Mujeres, Organizaciones Comunitarias y el área de Mejoramiento Sanitario. En estos departamentos, personal administrativo, técnico y de gestión pasó de percibir rentas del orden de los $780 mil a $1,3 millones de pesos a montos que hoy superan los $1,1 y $1,6 millones de pesos mensuales.
A esta discrecionalidad se suma una paradoja operativa en las justificaciones de los aumentos. En contratos de jornada parcial (22 o 33 horas semanales), un reajuste puede sustentarse en la asignación de nuevas tareas ampliando el tiempo de dedicación. Pero en los prestadores con jornada completa de 44 horas —el tope legal fijado para la administración pública— dicha premisa pierde sustento material. Al no existir margen horario para absorber nuevas funciones sin descuidar las originales, el argumento del "incremento de carga laboral" resulta inconsistente: en la práctica, el trabajador debe abandonar responsabilidades previamente pactadas para asumir las nuevas, o bien el reajuste responde a un incremento salarial sin un aumento real de la jornada efectiva.
Es importante señalar que, a diferencia del personal de planta, los reajustes de honorarios responden a decretos directos y son de estricta voluntad de la primera autoridad comunal. Bajo esta modalidad contractual, la jefatura municipal cuenta con la facultad de modificar e incrementar los montos de un mes a otro mediante un trámite administrativo simple, sin requerir concursos públicos, evaluaciones de desempeño formal ni la aprobación del Concejo Municipal.
A las alzas de sueldo se suma la imposibilidad de verificar los respaldos del trabajo realizado por gran parte del personal a honorarios. Pese a que la Contraloría General de la República (CGR) exige a los municipios publicar mensualmente en el portal de Transparencia los informes de funciones de cada prestador, la Municipalidad de San Carlos no subió los enlaces correspondientes durante los primeros meses del año. En el reporte de junio —el último publicado— la carga de información se ha realizado de forma parcial. Esta omisión vulnera las instrucciones de la Contraloría General de la República.
La falta de respaldos públicos impide a los vecinos conocer qué tareas específicas realizan quienes reciben estos incrementos. Sin los informes de funciones, no hay forma de verificar si los aumentos responden a nuevas responsabilidades o si simplemente se trata de reajustes discrecionales sin justificación técnica. Esto deja a la comunidad sin herramientas para fiscalizar el gasto municipal.
El escenario abre preguntas sobre el uso de los recursos públicos en la comuna. Mientras los concejales no tienen voto en estas decisiones y la Contraloría no puede fiscalizar sin la información publicada, el alcalde tiene vía libre para modificar los montos de los honorarios mes a mes. La transparencia, en este caso, queda en manos de la voluntad del municipio.
- 💰 Aumentos de hasta $342 mil en honorarios.
- 📈 12 funcionarios beneficiados con reajustes.
- 🏛️ Alcalde puede modificar montos sin Concejo.
- 📄 Municipio no publica informes de funciones.
