[Reportaje] Municipalidad de San Carlos siguió calificando de "excelente" a constructora quebrada y estuvo a punto de triplicar el desastre en obras públicas
Una investigación sobre el abandono del Centro Comunitario
Barrio Sur ($254 millones) revela un patrón de negligencia en la Secplan
(Secretaria de Planificación Comunal). Mientras la empresa contratista
colapsaba financieramente, el municipio no solo le adjudicó una segunda obra
paralela, sino que la evaluó con un 98% de excelencia para un tercer proyecto
que estuvo a punto de ganar.
En el sector sur de la ciudad, la estructura del Centro
Comunitario Barrio Sur, el que se encuentra con un 40% de avance, se alza hoy
como un monumento a la ineficiencia en la gestión de recursos públicos. La
obra, paralizada tras la insolvencia de la Constructora Francisco Javier
Hermosilla Aldea, mantiene en la incertidumbre una inversión total de
$254.373.922.
De esta cifra, el Estado (vía programa "Quiero Mi
Barrio" del Minvu y Serviu Ñuble) aportó $199.141.589, mientras que la
Municipalidad de San Carlos, en su rol de ente ejecutor y responsable técnico,
comprometió $55.232.333 adicionales. Tras el término anticipado del contrato,
el municipio es el responsable directo de la obra y sus instalaciones. Además
de, la continuidad de la faena y la licitación para contratar a otra empresa.
Sin embargo, para entender cómo una empresa constructora
llega a una supuesta quiebra dejando obras botadas, es necesario auditar el
comportamiento de quien la contrata. Los antecedentes administrativos exponen
una "ceguera sistémica" en la planificación comunal que facilitó el
desastre.
El error de la adjudicación paralela
El primer eslabón de la cadena de errores ocurrió cuando la Municipalidad, lejos de fiscalizar la capacidad real de la empresa en la
licitación del Barrio Sur, permitió que sus compromisos aumentaran
considerablemente.
En el último trimestre de 2025, mientras la constructora
apenas iniciaba movimientos de tierra, la casa edilicia le adjudicó
simultáneamente un segundo contrato: el "Centro Deportivo Vecinal Las
Arboledas". Este proyecto exigía movilizar maquinaria y personal en un
plazo de 100 días. Al no realizar un análisis cruzado de riesgo financiero, el
municipio expuso a un contratista de tamaño mediano a una saturación operativa,
llevándolo a sostener dos frentes de trabajo sin la liquidez necesaria. La obra
recientemente volvió a ser licitada, tras no cumplirse el contrato, con la
misma empresa.
La evidencia de la desconexión: El caso "El
Torreón"
Pero la gravedad de la falta de control interno es aún
mayor. Documentos a los que tuvo acceso esta investigación revelan que,
mientras la crisis de la constructora era inminente, la Secretaría Comunal de
Planificación (Secplan) seguía validando a la empresa como un proveedor de
élite.
Según el informe de la Comisión Evaluadora para la
licitación "Construcción Centro Comunitario Social El Torreón San
Carlos", la constructora Hermosilla Aldea obtuvo una calificación casi
perfecta de 98.76 puntos.
El documento muestra que el municipio le otorgó el puntaje
máximo en "Plazo de Ejecución" y "Programa de Integridad",
ignorando completamente la realidad de las obras que la misma empresa ya tenía
atrasadas o en riesgo en la comuna. La constructora perdió esta tercera
licitación únicamente porque la empresa Tremont SpA presentó una oferta
económica marginalmente más barata (obteniendo 100 puntos).
De no ser por esa diferencia de precio, la Municipalidad de
San Carlos habría adjudicado tres obras en solo unos meses a una empresa en
vías de insolvencia, triplicando el perjuicio fiscal y el número de vecinos
afectados.
La "bicicleta" del no pago
Finalmente, la investigación apunta a la responsabilidad del
municipio en la asfixia económica de sus colaboradores. La ficha de la
Municipalidad de San Carlos en Mercado Público registra una "bandera
roja" administrativa: 19 reclamos formales de proveedores en los últimos
doce meses bajo la causal de "incumplimiento de plazo de pago".
En el rubro de la construcción, donde las empresas financian
el avance físico con capital propio a la espera de los estados de pago
mensuales, la demora burocrática en la visación de facturas es letal.
La insolvencia de la empresa, por tanto, no es un hecho
aislado, sino el síntoma de un ecosistema municipal, donde se adjudican
proyectos sin medir riesgos y se asfixia la caja de quienes deben ejecutar las
obras.
Al cierre de esta edición nos intentamos comunicar con el municipio para obtener la versión del director de Secplan, pero nos indicaron que se encontraba con vacaciones legales.