Funcionario demanda a la Municipalidad de San Carlos y exige $10 millones tras fallida gestión de denuncia por Ley Karin
El encargado de la Unidad GES del CESFAM Dr. José Durán
Trujillo acusa al municipio de mantener oculto su sobreseimiento en un sumario
por acoso durante siete meses, permitiendo su escarnio público en una
capacitación oficial.
Una demanda por vulneración de derechos fundamentales e
indemnización por daño moral fue interpuesta contra la Ilustre Municipalidad de
San Carlos por el psicólogo y funcionario Nicolás Ignacio Trujillo Riquelme. La
acción legal acusa a la entidad edilicia, representada por el alcalde Rubén
Méndez Venegas, de negligencia inexcusable al no notificar oportunamente el
cierre de una investigación sumaria, lo que derivó en graves perjuicios a la
honra y salud mental del trabajador.
El origen del conflicto
Según detalla el libelo, Trujillo, quien se desempeña como
encargado de la unidad GES, fue objeto de una investigación sumaria iniciada el
17 de marzo de 2025, tras una denuncia interpuesta por una funcionaria a su
cargo bajo el amparo de la Ley Karin.
La investigación, liderada por una fiscal interna, concluyó
el 12 de mayo de 2025 estableciendo que no existía responsabilidad funcionaria por
parte de Trujillo, sugiriendo el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, la
defensa del funcionario alega que, pese a que la investigación lo exculpaba, el
municipio no le notificó el resultado hasta el 17 de diciembre de 2025, es
decir, siete meses después de la vista fiscal y dos meses después de que el
decreto de cierre estuviera firmado.
Escarnio público en capacitación municipal
El punto crítico de la demanda relata un episodio ocurrido
el 20 de noviembre de 2025, un mes antes de que Trujillo fuera finalmente
notificado de su inocencia. Durante una charla de capacitación sobre la Ley
Karin, que reunió a funcionarios de la Dirección de Salud y CESFAM, la
denunciante original y una colega expusieron públicamente acusaciones contra
Trujillo.
Según el documento legal, se emitieron juicios a viva voz
calificando la situación de impunidad, señalando que "la persona que
ejerce el acoso sigue como si nada", sin que los representantes del
municipio presentes tomaran medidas para proteger la dignidad del funcionario,
quien para esa fecha ya había sido sobreseído administrativamente, aunque él lo
desconocía.
El abogado patrocinante, Renzo Gandolfi Díaz, sostiene en la
demanda que "la conducta omisiva de la denunciada supuso la erosión de la
salud mental" de su representado, dejándolo a merced del "comentario
de pasillo" y rumores infundados, vulnerando su derecho a la honra y a la
integridad psíquica.
Exigencias de la demanda
La acción judicial busca que el tribunal declare que la
Municipalidad de San Carlos vulneró los derechos fundamentales del psicólogo.
Entre las medidas reparatorias solicitadas se encuentran:
- Disculpas públicas al denunciante.
- El pago de una indemnización por daño moral de $10.000.000.
- Una multa administrativa de entre 50 a 150 UTM.
La defensa argumenta que el municipio incumplió los plazos legales de la Ley 18.883 y actuó con falta de servicio, provocando en el funcionario cuadros que requirieron tratamiento psicológico.
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