Este viernes el Concejo Municipal fue convocado a una sesión extraordinaria donde el alcalde espera que los ediles aprueben la regularización de una contratación que se habría saltado el protocolo establecido.
Se trata de una orden de compra por $38 millones que se tramitó mediante trato directo, sin pasar por la aprobación del Concejo, según confirmó un funcionario de la Municipalidad.
El problema es que cuando una compra supera las 500 UTM, la ley obliga a que el Concejo autorice previamente ese gasto, cosa que en este caso no habría ocurrido.
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La orden de compra se procesó el 24 de diciembre, varias jornadas antes que el resto de las órdenes vinculadas al evento, que comenzaron a emitirse recién desde el 30 de diciembre.
En la sesión de este viernes los concejales conocerán los argumentos de las direcciones municipales que participaron en el proceso de esta contratación antes de votar si regularizan o rechazan la operación.
Pero hay más antecedentes que generan dudas sobre la organización del evento.
De las seis licitaciones públicas que se realizaron para el evento, tres de ellas tuvieron aumentos en el valor de los contratos originales.
Una de esas licitaciones requirió sumar 30 guardias de seguridad adicionales cuando el evento ya estaba en marcha.
Esa modificación se concretó mediante una orden de compra emitida a las 22:35 horas del sábado 10 de enero, apenas unas horas antes de que finalizara la actividad.
La pregunta que surge es si la empresa contratista realmente pudo conseguir 30 guardias en tan poco tiempo.
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