Corte Suprema falla a favor de trabajador de Vialidad en Ñuble
La Corte Suprema ordenó reintegrar a un funcionario de la Dirección de Vialidad del MOP en la Región de Ñuble, quien fue trasladado arbitrariamente luego de denunciar acoso sexual al interior de su lugar de trabajo.
El máximo Tribunal consideró que el traslado vulneró derechos fundamentales y calificó el acto como una represalia encubierta, ejecutada antes del vencimiento del plazo de protección legal que ampara a los denunciantes.
La situación se originó tras una denuncia presentada por el funcionario en el marco del protocolo institucional contra violencia, acoso laboral y sexual.
Según su relato, fue hostigado por un secretario que le enviaba mensajes inapropiados, intentaba indagar su orientación sexual e incluso lo fotografió sin su consentimiento en el lugar de trabajo. Además, señaló que se le obstaculizaban funciones básicas como el acceso a movilización fiscal.
A pesar de aportar pruebas y testimonios —incluidos pantallazos de mensajes y una declaración que confirmaba la existencia de una fotografía tomada en secreto— el proceso administrativo terminó sin sanciones para el denunciado.
Poco después, en julio de 2023, el denunciante fue trasladado de cargo sin su consentimiento y sin funciones claras, hecho que motivó la acción judicial.
El fallo, firmado por los ministros Vivanco, Simpértigue, Quezada, Valdivia y Vidal, concluyó que el traslado ejecutado por el director regional de Vialidad Ñuble, Oliver Morales, constituyó una sanción improcedente y una “desviación de poder”.
Según la sentencia, el Ministerio de Obras Públicas violó lo establecido en el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, que prohíbe este tipo de cambios antes de 90 días tras el cierre de un sumario por acoso.
Además, el fallo criticó que la nueva función asignada careciera de contenido real y advirtieron que este tipo de represalias desincentiva a las víctimas a denunciar. La Corte ordenó revertir el traslado y reincorporar al funcionario a su puesto original.
El trabajador señaló que durante más de un año y cuatro meses estuvo fuera de sus funciones, aislado de su equipo y sin tareas asignadas, lo que considera una forma de castigo institucional.
Este caso ocurre en el contexto de implementación de la Ley Karin, que desde agosto de 2024 obliga a todos los empleadores públicos y privados a contar con protocolos claros de prevención del acoso sexual y laboral. La ley fue inspirada por la historia de Karin Salgado, funcionaria del Hospital Herminda Martín de Chillán, quien se suicidó tras años de hostigamiento no sancionado.