Terminal de buses: compra millonaria genera debate y críticas


El alcalde de San Carlos Rubén Méndez solicitó al director de Control que emitiera un informe sobre el caso del “Terminal”, en el cual se pretende renovar el arriendo y firmar una promesa de compraventa.

La negociación para adquirir la propiedad ubicada en la calle Caletera, Nora Pereira Rissetti 821 donde antes funcionaba una estación de relevo de Tur-Bus, ha generado sorpresa entre los concejales, quienes fueron convocados de manera inmediata a una sesión extraordinaria este viernes para discutir sobre el arriendo (90 UF) y el compromiso de compra en $1.720 millones, la cual tiene implicaciones económicas que se extienden a varios períodos futuros.

Mientras tanto, la comunidad ha expresado sus opiniones en redes sociales, mostrando tanto apoyo como desacuerdo con la iniciativa. Sin embargo, lo cierto es que el municipio no ha proporcionado información oportuna a la ciudadanía, lo que ha generado confusión entre la necesidad real de contar con paraderos norte y sur y una compra millonaria que compromete un crédito ante la Subdere por siete años, para administrar un terminal de buses.

Consideramos que no es adecuado pedirle al director de Control que asuma un rol de juez y parte, ya que su función principal es velar por que los actos municipales se desarrollen dentro del marco administrativo correspondiente. Además, es conocido que este mismo director ha participado en las conversaciones previas relacionadas con esta millonaria compra.

Junto al informe del director de Control, existe otro más superficial elaborado por el administrador del terminal (contratado por el municipio), el cual claramente es parcial. Por esta razón, debió solicitarse un informe externo que ofreciera una perspectiva más objetiva.

Administrar un terminal, especialmente cuando el sector de transportes no ha mostrado interés en ello, parece ser un negocio más adecuado para los privados. Es evidente que la inversión requerida para la compra, que asciende a $1.720 millones aproximadamente más unos 200 millones en reparaciones y adecuaciones, debe sumarse a los gastos fijos como agua, luz, personal, entre otros. Sin embargo, los ingresos estimados hasta ahora se basan únicamente en la declaración de una persona, sin estudios que respalden dichas proyecciones, tal como lo solicitó el Concejo Municipal.

El municipio no debería, en primer lugar, prolongar el arriendo de una propiedad que presenta serias dificultades para albergar a funcionarios municipales, tal como se estableció y fue denunciado por el concejal Jorge Rodríguez.

Antes de tomar cualquier decisión, esta administración debe revisar los procedimientos y actos administrativos anteriores, ya que se ha evidenciado que existe una recepción de obras del año 2014, cuando el terminal ya había cerrado. Sin embargo, los documentos que aprobaron la supuesta “marcha blanca” incluyen una recepción de obras del año 2010, lo cual no concuerda, solo por citar un ejemplo.

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