El alcalde de San Carlos Rubén Méndez solicitó al director de Control que emitiera un informe sobre el caso del “Terminal”, en el cual se pretende renovar el arriendo y firmar una promesa de compraventa.
La negociación para adquirir la
propiedad ubicada en la calle Caletera, Nora Pereira Rissetti 821 donde antes
funcionaba una estación de relevo de Tur-Bus, ha generado sorpresa entre los
concejales, quienes fueron convocados de manera inmediata a una sesión
extraordinaria este viernes para discutir sobre el arriendo (90 UF) y el
compromiso de compra en $1.720 millones, la cual tiene implicaciones económicas
que se extienden a varios períodos futuros.
Mientras tanto, la comunidad ha
expresado sus opiniones en redes sociales, mostrando tanto apoyo como
desacuerdo con la iniciativa. Sin embargo, lo cierto es que el municipio no ha
proporcionado información oportuna a la ciudadanía, lo que ha generado confusión
entre la necesidad real de contar con paraderos norte y sur y una compra
millonaria que compromete un crédito ante la Subdere por siete años, para
administrar un terminal de buses.
Consideramos que no es adecuado
pedirle al director de Control que asuma un rol de juez y parte, ya que su
función principal es velar por que los actos municipales se desarrollen dentro
del marco administrativo correspondiente. Además, es conocido que este mismo
director ha participado en las conversaciones previas relacionadas con esta
millonaria compra.
Junto al informe del director de Control, existe otro más superficial elaborado por el administrador del
terminal (contratado por el municipio), el cual claramente es parcial. Por esta
razón, debió solicitarse un informe externo que ofreciera una perspectiva más objetiva.
Administrar un terminal,
especialmente cuando el sector de transportes no ha mostrado interés en ello,
parece ser un negocio más adecuado para los privados. Es evidente que la
inversión requerida para la compra, que asciende a $1.720 millones aproximadamente
más unos 200 millones en reparaciones y adecuaciones, debe sumarse a los gastos
fijos como agua, luz, personal, entre otros. Sin embargo, los ingresos
estimados hasta ahora se basan únicamente en la declaración de una persona, sin
estudios que respalden dichas proyecciones, tal como lo solicitó el Concejo Municipal.
El municipio no debería, en
primer lugar, prolongar el arriendo de una propiedad que presenta serias
dificultades para albergar a funcionarios municipales, tal como se estableció y
fue denunciado por el concejal Jorge Rodríguez.
Antes de tomar cualquier
decisión, esta administración debe revisar los procedimientos y actos
administrativos anteriores, ya que se ha evidenciado que existe una recepción
de obras del año 2014, cuando el terminal ya había cerrado. Sin embargo, los
documentos que aprobaron la supuesta “marcha blanca” incluyen una recepción de
obras del año 2010, lo cual no concuerda, solo por citar un ejemplo.