El Ministerio de Agricultura publicó una nueva normativa que regula el uso de plaguicidas, incluyendo avisos previos de 48 horas al SAG y gestión de envases fitosanitarios. La medida, que entrará en vigencia en 2026, ha generado críticas por su impacto en la operatividad del sector agrícola.
¿Qué establece la nueva normativa?
La Resolución Exenta N°243, publicada el 20 de enero, regula la compraventa, almacenaje, manipulación y aplicación de plaguicidas agrícolas. Entre sus principales exigencias destacan:
Notificación obligatoria al SAG con 48 horas de anticipación para aplicaciones terrestres (24 horas en emergencias).
Nuevas regulaciones para la gestión de envases fitosanitarios y almacenamiento de productos.
Sanciones de hasta 150 UTM por incumplimiento, con incrementos en casos de reincidencia.
El objetivo es mejorar la seguridad, trazabilidad y reducir la dispersión no controlada de plaguicidas.
El desafío de los avisos previos
Uno de los puntos más criticados es la obligación de notificar con 48 horas de anticipación al SAG antes de aplicar plaguicidas. Agricultores y expertos cuestionan su viabilidad, ya que el sector depende de condiciones climáticas y plagas que requieren decisiones inmediatas.
Sebastián Leiva, abogado de Araya & Cía, señaló: "Esta normativa ha generado debate, especialmente por el requisito de aviso previo, que no considera la dinámica del sector". Además, se teme una sobrecarga en el sistema de notificaciones, ya que cada predio podría realizar múltiples aplicaciones por temporada.
Problemas de conectividad en zonas rurales
La implementación de la normativa enfrenta otro desafío: la conectividad en zonas rurales. Agricultores de menor escala y adultos mayores podrían verse especialmente afectados al tener que reportar digitalmente cada aplicación de plaguicidas.
Aún no se ha aclarado cómo el SAG gestionará el alto volumen de notificaciones ni si habrá medidas para evitar demoras en el sistema.
Gestión de envases fitosanitarios: otro punto de debate
La resolución también establece nuevos procedimientos para el almacenamiento y eliminación de envases fitosanitarios, con el fin de reducir riesgos ambientales. Sin embargo, expertos como Sebastián Leiva advierten que estas normas podrían generar confusión con otras regulaciones sobre gestión de residuos.
Plazos diferenciados para su implementación
La normativa entrará en vigencia el 20 de enero de 2026 para la mayoría de los productores, mientras que la agricultura familiar campesina e indígena contará con un año adicional, hasta enero de 2027, para adaptarse a los cambios.