Cómo fue que el municipio arrendó una propiedad, trasladó funcionarios y abrió un terminal de buses, en un recinto que no cuenta con las condiciones y será necesaria una millonaria inversión en reparaciones, esa fue la inquietud que quedó en el aire este miércoles en el Concejo Municipal de San Carlos.
Inicialmente, el Concejo había recibido un lapidario informe sobre la situación sanitaria y de seguridad que tiene el excentro de relevo de Tur Bus, hoy Terminal Municipal, sin embargo, se acordó una fiscalización del Concejo en dicha propiedad, donde también trabajan los funcionarios de Seguridad Pública, con resultados alarmantes.
Al parecer, el recinto no contaría con una autorización sanitaria, ya que el concejal Jorge Rodríguez detalló un informe, donde se advierte la presencia de plagas, roedores, arañas, moscas, baños deficientes, sin aire acondicionado, el recinto cuenta con una fosa séptica que está saturada y el sistema sanitario se continúa usando por el público y los funcionarios de Seguridad Pública. La techumbre está deteriorada y con filtraciones.
Se dijo que hay un solo baño en condiciones para todos los funcionarios que allí laboran, los demás estarían con distintas fallas y obstrucciones.
Debemos agregar que el terminal que aún está en marcha blanca es atendido por cuatro funcionarios municipales y no cuenta con toda su reglamentación al día.
Al interior del recinto existe una serie de cubículos que originalmente servían para que los conductores pernoctaran, hoy son utilizados como bodegas del juzgado de policía local, Dom, Dimao y Tránsito, sin resguardo.
En el informe también se indicó que no se encuentra actualmente con guardias de seguridad ni rondín para resguardar al recinto y sus dependencias. Tampoco cuenta con sistema de cámaras de vigilancia.
A la fecha y después de tres meses aún no se ha realizado ninguna intervención para superar estas deficiencias de una propiedad cuyo arriendo fue renovado por la actual administración.
También quedó en evidencia el error que significó el traslado a ese recinto de 24 funcionarios de Seguridad Pública, medida que se ha mantenido pese a los inconvenientes que vive el personal.
“Señor presidente, las falencias son claras, son fuertes, el lugar no reúne las condiciones para que esté el personal ahí y la ubicación de seguridad pública no es la adecuada y esta dirección está perdiendo su identidad en ese sector”, y terminó pidiendo que se cambiara la dirección de Seguridad Pública a una ubicación más próxima a la comunidad.
El alcalde ha señalado que 8.200 personas han utilizado el recinto para tomar buses, reconoció las falencias de la edificación y manifestó estar totalmente de acuerdo con lo expuesto.
Tras la exposición, los ediles volvieron a pedir que se les entregue información completa de este recinto y su negociación y los respaldos de los organismos relacionados.
La administración busca pasar del arriendo a la compra en unos $1.600 millones y destinar otros $200 millones para habilitar el recinto de una propiedad que pretende adquirir con un crédito en UF.
Finalmente, se acordó que en un plazo de dos semanas (19/02) la administración entregará al Concejo Municipal una propuesta de solución para el caso de Seguridad Pública y también la información requerida sobre la negociación de la propiedad arrendada y con intención de compra.