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| abogado Juan Orozco |
LOCAL.- Los siete camiones adquiridos por el municipio el pasado 2 de septiembre en la suma de $1.275 millones aún no aparecen y su proceso ha generado un cuestionamiento que llevó al abogado local Juan Orozco a efectuar una denuncia en tribunales para esclarecer este y otros casos donde ha intervenido la Contraloría Regional.
¿Qué dice el abogado Juan Orozco sobre la resolución de la Contraloría Regional?
El abogado Juan Orozco ha cuestionado la resolución de la Contraloría Regional de Ñuble. Según él, la Contraloría está equivocada al considerar que la compra de los siete camiones fue un acto que se terminó de inmediato.
¿Por qué la opinión del abogado es diferente?
Orozco sostiene que este tipo de contrato no es ni instantáneo ni sucesivo, sino que se ejecuta de forma diferida. Esto significa que el proveedor tiene que cumplir con ciertas obligaciones durante un tiempo determinado.
¿Cuál es el problema con el plazo del contrato?
El plazo del contrato era de al menos 12 meses y hasta 48 meses. Esto quiere decir que el contrato podía durar más de un período de alcaldía. Y esto es importante porque, según la ley, para ciertos tipos de contratos se necesitan más votos.
¿Qué otras normas se habrían infringido?
El abogado asegura que la Contraloría no consideró varias normas importantes al tomar su decisión. Por ejemplo, las bases del concurso indicaban claramente que el contrato era de plazo fijo y que se debían cumplir ciertos requisitos legales.
El abogado Juan Orozco cree que la Contraloría Regional se equivocó en su análisis y que la compra de los camiones no se ajustó a la ley.
Así por ejemplo vulnera, fuera de los principios generales de compra y el de juridicidad, los siguientes artículos de bases administrativas especiales: Art. 5 que indica claramente que la modalidad de contratación es de plazo fijo; Art. 27 N° 2, 4 y 5, Art. 18 letra d.1), Art. 12 letra b) de las bases administrativas especiales, señala el abogado Orozco
El contralor Mario Quezada Fonseca habría expresado que “este no sería un vicio esencial”, lo que entrega un claro argumento a la empresa que demande sobre situación, donde el municipio podría resultar nuevamente afectado en su patrimonio.
Como ha indicado el abogado, Juan Orozco, se tendrán que dar explicaciones, cualquiera sea la instancia administrativa o judicial, sobre el por qué al analizar y concluir ha afirmado el Contralor Regional que el vicio existente no es esencial.
Considerando particularmente, que no solo infringe el principio de juridicidad su conclusión, sino que la estricta sujeción de las bases y el de igualdad de los oferente
Así como el contexto de este proceso licitatorio, uno cuestionado desde su origen, con exclusión de evaluación de un oferente en circunstancias ajena a la norma, con varios oferentes, con readjudicación aprobada, con una primera empresa que manifestó tener los camiones adquiridos y tener la voluntad de entregarlos y cumplir con el contrato, aportando antecedentes respecto de la ausencia de respuesta municipal a sus cuestionamientos.
Lo anterior, eventualmente puede significar una demanda, trascendiendo además el hecho de que la documentación del proceso ha sido requerida por la empresa vía solicitud de transparencia.
Otro aspecto que llama la atención que sobre el servicio de extracción de basuras que el municipio asumió directamente, es que se ha renovado en dos oportunidades los contratos de arriendo de camiones, aun cuando en ambos casos dichos contratos estaban vencidos.
A ello se suma que adjudicada la compra de siete camiones el 23 de agosto pasado, el día 2 de septiembre la empresa entrega la garantía por fiel cumplimiento de contrato y según las bases a partir de la entrega de garantía la Municipalidad debió poner la orden compra para que empiece a correr el plazo de los 20 días para la entrega de los camiones, según lo ofertado.
Hasta el día de hoy no hay orden de compra, no hay contrato, lo que no se condice con la urgencia que se presentó esta necesidad a los concejales, quienes aprobaron todo este proceso. Y esa inacción se presenta como justificación de la extensión de los contratos de arrendamiento de camiones “vigentes”.
Finalmente se dijo que se habia advertido reiteradamente de esta situación al municipio y puntualmente a los concejales, que en los próximos cinco años deberán responder sobre sus actos de fiscalización, si son requeridos por la justicia.