¿Pago sin informes? Jacqueline van Rysselberghe en la mira del SML


REGIONES.- 
Los vecinos de San Carlos podrían sorprenderse al conocer que Jacqueline van Rysselberghe figura en la nómina del Servicio Médico Legal (SML) con un sueldo de $4.830.000, a pesar de no haber entregado los informes requeridos.

Documentos del SML revelan que, aunque la militante UDI pasó brevemente por el Programa Brecha Psiquiátrica, podría recibir dicha suma sin haber presentado los informes solicitados. Van Rysselberghe, quien renunció al SML a principios de junio tras la polémica por un peritaje psiquiátrico invalidado, fue contratada en abril para realizar pericias psiquiátricas y apoyar el programa destinado a reducir listas de espera en salud mental.

El contrato estipulaba un pago de $350.000 por cada informe, condicionado a la presentación de un informe de desempeño que detallara las pericias realizadas y los informes entregados. Sin embargo, a finales de junio, su primer mes de trabajo cerró sin pago, según el sitio de transparencia del SML, debido a la falta de informes.

Durante el transcurso de julio, una actualización de la plataforma de Transparencia Activa mostró que Van Rysselberghe figura con una remuneración líquida mensualizada de $4.830.000, pendiente de entrega de informe. Pese a esta información, no se ha confirmado si el pago fue efectivamente realizado. El informe de funciones desarrolladas "se encuentra en estado de Proceso de ejecución", lo que teóricamente impediría tramitar el pago. No obstante, la plataforma de Transparencia Activa muestra la remuneración líquida mensualizada establecida.

Resumen intentó contactar al SML para consultar si se efectuó el pago de honorarios, pero no obtuvo respuesta. Además, este medio intentó comunicarse con Van Rysselberghe a través de Instagram, donde ella es activa, pero tampoco recibió respuesta.

El polémico peritaje que llevó a Van Rysselberghe a renunciar involucró al sargento en retiro de Carabineros, José Otárola Sanhueza, condenado por delitos de lesa humanidad. El informe, invalidado por el ministro Carlos Aldana, declaraba al excarabinero como enajenado mental. El abogado querellante, Patricio Robles, cuestionó el peritaje argumentando que Van Rysselberghe no fue contratada para causas de Derechos Humanos, y que su historial de apoyo a violadores de derechos humanos durante la dictadura comprometía su imparcialidad.

El caso ha generado controversia y dudas sobre la transparencia y responsabilidad en la gestión de fondos públicos. La situación de Van Rysselberghe y el SML plantea preguntas serias sobre la integridad de las contrataciones y la correcta utilización de los recursos estatales.

En resumen, esta situación no solo afecta la percepción pública de la gestión del SML, sino que también subraya la importancia de la transparencia en el uso de fondos públicos. ¿Qué opinas sobre este caso? ¡Comparte tus comentarios!


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