LOCAL. - Lo que inicialmente parece una buena acción, al pagar anticipadamente y sin previa demanda indemnizaciones a una parte de los trabajadores de los "parquímetros", podría transformarse en un notable abandono de deberes, según el concejal Jorge Silva, quien denunciará este caso ante la Contraloría.
El caso se originó cuando el municipio decidió terminar la concesión y envió funcionarios municipales el sábado 9 de marzo para comunicar a los trabajadores de estacionamientos limitados que debían retirarse de las calles.
Mientras tanto, la empresa San Gabriel Ltda. esperó a que se cumpliera el tercer día de no asistencia al trabajo y denunció a los trabajadores, a quienes les debe diferentes pagos.
Un grupo de 11 trabajadores decidió iniciar el camino legal y demandar primero a la empresa, sabiendo que en segunda instancia el municipio tiene una garantía de 50 millones para responder solidariamente en este caso, según la “ley Bustos".
De los 32 trabajadores que prestaban servicios a la empresa San Gabriel Ltda. en el cobro de estacionamientos, 21 optaron por una modalidad anticipada ofrecida por la Municipalidad para la solución de su problema, quedando excluidos los otros 11 demandantes.
El municipio acogió a esos 21 trabajadores y les aseguró que resolvería sus problemas de indemnización con la garantía ($50 millones), lo que significa unos $45 millones, quedando solo $5 millones para el grupo restante (11) de trabajadores.
En medio de esta situación, se establece que durante la concesión el empleador no habría pagado cotizaciones previsionales por más de seis meses, a pesar de que la concesión debe ser revisada y autorizada cada 30 días mediante la revisión del contrato con la empresa realizada por el inspector técnico municipal.
Este miércoles 17, la alcaldía propuso al Concejo Municipal llegar a una transacción, aunque no exista causa laboral en los tribunales, y el municipio pretenda pagar a unos, quedando pendientes aquellos trabajadores que han seguido el trámite regular, es decir, demandar a la empresa y subsidiariamente al municipio.
Ante la presencia de los trabajadores en la sala, los ediles votaron mayoritariamente por este acuerdo, con la excepción del concejal Silva, quien se abstuvo y anunció que denunciará el caso a la Contraloría. Posteriormente, el concejal Rafael de la Cuadra (que no estuvo en a sesión) dijo que estaba de acuerdo con ayudar a todos los trabajadores, pero que se debía revisar si estaba dentro de la norma, y anticipó que se sumaría a la denuncia.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio han señalado que, si bien la transacción es posible de forma extrajudicial, no está permitido que la Municipalidad se obligue al pago de conceptos que no tienen fundamento legal.
Por su parte, los 21 trabajadores que tienen la necesidad urgente de rescatar sus haberes se retiraron de la sala satisfechos y agradecidos por la gestión alcaldicia.