REGIONES.- El despido de Lautaro Benítez, exjefe de Administración y Finanzas (DAF) de la Delegación Presidencial de Ñuble, ha puesto de manifiesto una serie de problemas que han llevado este asunto a los Tribunales y ha desencadenado un conflicto político, según lo dio a conocer el medio sabes.cl
Benítez denunció varias irregularidades en la institución antes de ser despedido en lugar de que se tomaran medidas para preservar la integridad.
La historia comienza cuando Lautaro Benítez fue contactado para ocupar el cargo de DAF en la Delegación Presidencial de Ñuble, gracias a sus conexiones con exmiembros de la Concertación en Biobío y su experiencia en cargos gubernamentales.
Sus denuncias se encuentran en un proceso de gestión previa a una medida cautelar, que ha sido aceptada con el propósito de presentar una demanda laboral en el Juzgado de Chillán. En este proceso, el subsecretario Manuel Monsalve tendrá que proporcionar una serie de documentos que, en teoría, justificarían la decisión de su despido.
Uno de los primeros hallazgos notables se relaciona con una licencia médica supuestamente adulterada por la expresidenta regional de Revolución Democrática (RD) en Ñuble, Daniela Manosalva, quien en ese momento era funcionaria pública.
La licencia, que originalmente otorgaba un día de descanso, apareció posteriormente con una extensión de 5 días. Benítez demostró este hecho como un posible delito y denunció el caso a la Fiscalía.
Sin embargo, señala que el delegado presidencial, Gabriel Pradenas (RD), a pesar de tener conocimiento previo del asunto, no actuó de acuerdo a la legalidad al no denunciar el incidente en un plazo de 24 horas.
Otro tema que ha causado preocupación es la entrega de agua en camiones aljibes a las comunas de la provincia de Diguillín, por un monto de 1.330 millones de pesos, a cargo de la empresa Tierras de Chile SA, vinculada al empresario Germán Faúndez.
Según Benítez, el contrato se estaba ejecutando sin la debida formalidad legal, y él y el abogado de la Delegación informaron a la autoridad sobre la necesidad de regularizar la contratación.
Tras denunciar estos problemas, Benítez fue citado en forma urgente a Santiago y le presentó una carta de renuncia, que él se negó a firmar, argumentando que las acusaciones en la carta eran anónimas y carentes de seriedad.
Sin embargo, después de regresar a sus funciones en Chillán, fue despedido de facto por un funcionario enviado desde Santiago en nombre del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
Este conflicto político y laboral ahora será resuelto en el ámbito judicial.
El Juzgado del Trabajo de Chillán ha convocado a las autoridades de la Subsecretaría de Interior, el Servicio de Gobierno Interior y la Delegación Presidencial de Ñuble para presentar la documentación que justifique la terminación del empleo de Benítez.
La intención de esta acción es que el denunciante obtenga legalmente la documentación relacionada con su despido y proceda con una demanda laboral.
La audiencia está programada para el 3 de noviembre.
Fuente: sabes.cl