REGIONES. - Divergencias políticas dentro del oficialismo y disputas laborales actualmente en los tribunales, marcaron la breve estadía del abogado y exseremi de Minería de la Región del Biobío, Lautaro Benítez, en la Delegación Presidencial de Ñuble a comienzos de julio de este año.
Benítez, un profesional que ocupó el cargo de jefe de Administración y Finanzas (DAF) en la entidad por tan solo dos semanas, se vio forzado a dejar su puesto debido a acusaciones de maltrato laboral y amenazas constantes de denunciar actos administrativos lícitos y cotidianos ante el Ministerio Público, además de episodios de gritos y menoscabo, según denunciaron los trabajadores.
La Subsecretaría de Interior, al desvincular a Benítez, justificó su decisión afirmando que "el Sr. Benítez carece de las habilidades técnicas y los conocimientos necesarios exigidos por la autoridad regional para cumplir con las responsabilidades inherentes a su cargo, y tampoco abogaría por los valores institucionales del Servicio de Gobierno Interior que todo funcionario debe respetar y defender en el ejercicio de sus funciones".
Los empleados expresaron sus inquietudes en una carta dirigida a Enrique Inostroza, jefe de la División de Gobierno Interior, donde manifestaron: "Queremos señalar que, en nuestros años de servicio, nunca habíamos experimentado un liderazgo tan violento, despótico y autoritario, lo que limitaba nuestra capacidad de expresar nuestros puntos de vista, ya que solo se permitía su voz".
Además, agregaron: "Basándonos en lo anterior, le instamos a considerar la anulación del contrato del empleado Lautaro Benítez Lagos, ya que su presencia aquí solo genera un entorno de trabajo negativo, lo que calificamos como un ambiente 'tóxico y hostil', que resulta en comunicaciones con colegas desmotivados, insatisfechos y personalidades conflictivas, lo que conlleva a la producción de un trabajo de baja calidad".
La Delegación Presidencial Regional de Ñuble emitió una declaración pública en respuesta, indicando que, "en relación al caso del Sr. Benítez, queremos informar que, tras un minucioso proceso de evaluación y considerando varios factores, el Servicio de Gobierno Interior optó por no continuar con su contratación, declarándolo funcionario de hecho. Esta medida se basa en numerosas denuncias de maltrato laboral hacia los empleados de esta Delegación, las cuales surgieron poco después de su incorporación".
El comunicado también reafirmó el compromiso de la Delegación con el respeto de los derechos laborales, el trato digno y el ambiente de trabajo armonioso para todos los empleados y colaboradores. La entidad expresó su disposición a colaborar plenamente con las investigaciones en curso para lograr una resolución justa y transparente.
En cuanto a las acusaciones de Benítez, quien presentó una demanda por tutela laboral, alegando que su despido se debió a sus investigaciones en la entidad, estas incluyeron la presentación de una supuesta licencia médica falsa por parte de una exfuncionaria y expresidenta regional de RD, Daniela Manosalva, así como la supuesta firma de un contrato sin formalidad legal con un particular para la distribución de agua en camiones aljibes en las comunas afectadas por la escasez de agua.
El delegado presidencial regional de Ñuble, Gabriel Pradenas, respondió a las críticas en una conferencia de prensa. Sobre el contrato de los camiones aljibes, afirmó que el documento estaba debidamente firmado y que la Delegación no podía permitir que la población se quedara sin agua potable. Respecto a la licencia médica, señaló que una vez que tuvieron conocimiento de la situación, iniciaron un sumario y presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Pradenas enfatizó que la Delegación estaba comprometida en garantizar una administración eficaz y servir a la comunidad, además de promover la probidad y evitar denuncias infundadas.