Han sido reportadas en lo que va del año
Durante este mes se cumplen dos años desde que entró en vigencia la Ley 21.057 en la región, la cual tiene relación con las entrevistas videograbadas. El objetivo de la normativa es prevenir la revictimización de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos.
Durante este mes de junio, se cumplen dos años desde que está vigente en la Región de Ñuble la Ley 21.057. la normativa tiene relación con las entrevistas videograbadas, cuyo objetivo es prevenir la victimización secundaria que sufren los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, con ocasión de su interacción con las personas o instituciones del sistema de justicia. Se trata de una de las reformas más significativas al proceso penal para garantizar que estas víctimas sean informadas, oídas, protegidas y consideradas en su particularidad.
Acorde a lo señalado por Fiscalía Ñuble, en cuanto a delitos sexuales, es común que los menores muestren signos de advertencia o describan lo sucedido a sus familiares, maestros o amigos cercanos. La ley estableció un protocolo para proteger a la víctima y su relato previo a la denuncia. El mismo protocolo requiere que la policía y la Fiscalía brinden preferencia, reservando el testimonio del niño para ser grabado en video por un entrevistador especializado y acreditado designado por el fiscal.
Las condiciones físicas y psíquicas del niño, niña o adolescente son evaluadas por la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía y no se realizan nuevas entrevistas, salvo excepciones especialmente justificadas.
Al respecto, el jefe de la Uravit de Ñuble, Pablo Durán Leiva, explicó que entre enero y mayo de este año ingresaron 517 casos nuevos de niños, niñas o adolescentes víctimas de los delitos sexuales regulados por la Ley 21.057. De ellos, en 385 casos los fiscales decretaron la diligencia de entrevista investigativa antes de los primeros 10 días desde el ingreso del caso. Y en 381 de esos casos, una profesional de la Uravit evaluó la disponibilidad física y psíquica de los niños o niñas para la entrevista, mediante un contacto realizado durante los primeros nueve días desde recibida la denuncia.
En Ñuble, diariamente se utilizan las salas de entrevista de la Fiscalía en Chillán y Quirihue, que se suman a las salas habilitadas por el Poder Judicial en Yungay, Bulnes, San Carlos, Coelemu, Quirihue y Chillán. “En esas salas se agendan en promedio 35 entrevistas semanales, de las que, entre enero y mayo, se han completado 177”, precisó el jefe de la Uravit.
Una de las entrevistadoras acreditadas es la abogada asistente de la Fiscalía Local de Quirihue, María de los Ángeles Cáceres, quien afirmó que una de las claves de la labor que realiza es “ser empático y resiliente para conectar con los niños, niñas y adolescentes que asisten a la entrevista. Hay que darles la confianza suficiente y hablar en sus términos para que se sientan acogidos. No ha sido fácil, pero es tremendamente satisfactorio poder estar en este proceso”.
Por su parte, el entrevistador, Pablo Acevedo Cifuentes, abogado asistente de la Fiscalía Local de Bulnes, destacó que “ser entrevistador involucra dar más por aquellos a quienes se le ha arrebatado la esencia de su infancia”.
Según el jefe regional de la Uravit, a pesar de los beneficios de la ley, la falta de acceso ha sido un desafío. Persisten desafíos y brechas en su implementación, como la dificultad para que muchos niños, niñas y adolescentes asistan debido a la distancia y la falta de conectividad entre zonas rurales y centros urbanos donde se encuentran las salas habilitadas.
Por otro lado, sigue siendo relevante el tiempo de espera de las víctimas para tener un entrevistador disponible. En la Región de Ñuble, hay un número limitado de entrevistadores de Carabineros, la PDI y la Fiscalía, con solo catorce operativos en toda la región en la actualidad.
Es importante mencionar que, aunque la ley permite una evaluación psicosocial rápida para los niños, niñas y adolescentes en la entrevista, esta etapa a menudo resalta la necesidad de apoyo y atención en salud mental para las víctimas. Sin embargo, las instituciones estatales que brindan estos servicios tienen una sobredemanda, lo que prolonga la espera de las víctimas para recibir atención reparadora. Durán enfatizó que “es el tiempo de avanzar sostenidamente hacia un proceso penal más respetuoso de los niños, niñas y adolescentes, atento a sus necesidades, y reflejo de nuestra preocupación por protegerlos y no hacerlos experimentar nuevas vulneraciones”.
Fuente:soychillan.cl