LOCAL.- El defensor público Sergio Muñoz Iturra reveló que la investigación en curso de la Fiscalía, que involucra al alcalde de San Ignacio, otros funcionarios públicos y empresarios privados, tiene su origen en licitaciones.
En el caso del director administrativo del
DAEM de Ñiquén, Carlos Fernández Aedo, se le habría interceptado el teléfono. Se le
imputan los delitos de violación de secreto y cohecho.
Aunque Fernández quedó en libertad, se le
impusieron medidas cautelares, como el arresto domiciliario parcial y la prohibición
de acercarse al municipio de Ñiquén y a los otros imputados.
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