LOCAL.- La jueza del Juzgado de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez, decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del capitán AGP y del cabo primero JGM, quienes fueron imputados por delitos de abusos sexuales y violación en contra de dos mujeres quienes trabajan en un local nocturno de la comuna de San Carlos, durante la noche del pasado sábado 4 de marzo.
Además, en relación al capitán González, la fiscal Tamara Cuello imputó delitos de la Justicia Militar, en relación a la remisión de constancias falsas en los cuadernos de novedades que maneja cada jefe de guardia en sus respectivas unidades.
La persecutora, expuso lo anterior para demostrar que hubo premeditación en los delitos, ya que conforme a su relato, el capitán redactó una serie de actividades supuestamente realizadas entre las 23:00 y horas posteriores a la madrugada siguiente, para ocultar que junto al cabo concurrieron hasta el local “Las Malvinas”, ubicado en calle Vicuña Mackenna oriente, aquí en San Carlos, lo que se encuentra ratificado por imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector.
Conforme a la carpeta de investigación desarrollada por la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI, ambos funcionarios estando de servicio, uniformados y provistos de sus armas, ingresaron al local simulando un operativo por búsqueda de drogas, amenazando a dos trabajadoras que se encontraban en el local, quienes tras ser interrogadas por los carabineros, admitieron consumo de marihuana.
El supuesto operativo les valió a ambos carabineros para amenazarlas con clausurar el local y detener a ambas mujeres, para luego agredirlas sexualmente de manera reiterada y alternada por ambos carabineros, delitos que fueron presenciados por otros trabajadores que se encontraban en el lugar.
En tanto las defensas, representados por los abogados Camilo Guajardo, Alexis Marín y Pablo Rojas, explicaron que en efecto, los funcionarios llegaron al local tras sorprender a una persona en situaciones sospechosas, quien al ver la presencia policial, se escondió en el local, advirtiendo que dos de las trabajadoras se drogaban en su interior.
Sin embargo, nada de eso se consignó en algún parte policial ni tampoco se dio aviso a la Fiscalía para que decretara la concurrencia de las unidades policiales.
Luego que la magistrado Gómez decretara la prisión preventiva para ambos, los defensores pidieron que la cautelar la pudiesen cumplir en recintos policiales, considerando que ambos habían sido amenazados por otros reos del plantel penal de San Carlos, situación que fue negada por la jueza. Gendarmería, en consecuencia, será quien decida el recinto al que serán ingresados.
A la audiencia de formalización de ambos carabineros acudió la abogada Ismaela Pino, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien hizo presente que, en su calidad de querellantes, pedirá que se les persiga además, por los delitos de torturas contra ambas víctimas.