 |
| En la imagen aparece junto al alcalde Gastón Suazo (izq.). |
Local.- Con esta sentencia a favor de uno de los directivos municipales se cierra una arista del caso de las “grabaciones ilegales” a interior de la Municipalidad de San Carlos.
Al contrario de lo que se creía la investigación judicial de este caso fue más rápida que los sumarios administrativos, de los cuales aún no se conocen resultados.
Se trata de grabaciones que fueron obtenidas irregularmente desde la oficina de seguridad, ciudadana cuyo jefe administraba las cámaras se grababan permanentemente en el interior de edificio y además dentro de algunas oficinas.
De todas las grabaciones se eligió una donde directivos municipales conversaban de manera informal, la cual se pretendió llevar al concejo municipal seis meses después de registrada, el concejo desestimó los videos por la forma en que fueron obtenidos, sin embargo estos fueron hechos circular por un concejal de la época.
Dos de los directivos que aparecían en esas grabaciones irregulares denunciaron el hecho a la justicia, el primero Mauricio del Río, director de Aseo y Ornato ya obtuvo sentencia favorable.
Este martes se ha conocido la sentencia del otro afectado, el director de Control de la Municipalidad de San Carlos, Ricardo Parra Ortiz.
La sentencia que acogió la demanda por vulneración de derechos fundamentales, ordena al municipio cesar toda conducta que importe vulneración de derechos y otorgar un trato de respeto. También señala al municipio que debe elaborar un reglamento sobre la utilización de mecanismos audiovisuales en el municipio “indicando precisamente la ubicación de cada cámara, los tiempos de almacenamiento y los mecanismos para requerir dichas grabaciones. Debiendo en particular abordar un capítulo sobre el derecho a la intimidad, vida privada y dignidad de los trabajadores”, lo anterior ya había sido planteado en otra sentencia judicial.
En la sentencia el Tribunal también señala al municipio que debe instruir un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que ordenaron las grabaciones de videos que generaron el caso.
También se ordena pagar una indemnización por daño moral de $3.000.000 e indica que todas las medidas ordenadas son bajo apercibimiento de multas, que el municipio debe pagar intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del pago y además condena en costas a la parte demandada.
Las sentencia la conoció este martes el director de Control Ricardo Parra Ortiz justo en el momento en que dos funcionarios municipales ingresaban a su oficina para notificarlo que, a partir de ese minuto era suspendido de sus funciones como director de Control (ver nota aparte).