Como se recordará este caso tiene su origen cuando el encargado de seguridad ciudadana,
Ricardo Asfura, hizo llegar al concejal
Héctor Guzmán, grabaciones en videos no autorizadas que había mantenido ocultas y que
correspondían a conversaciones de los directivos, Ricardo Parra Ortiz, director de Control y Mauricio del Río, alcalde (S) en el interior de una oficina.
Las grabaciones fueron difundidas de manera
pública, primero ante parte del concejo municipal y luego
en las redes sociales, ante lo cual los afectados, Parra y del Río recurrieron a los Tribuales de Justicia para determinar la ilegalidad
del hecho.
Este viernes finalmente el Tribunal dictó sentencia en la causa, acogiendo la denuncia del directivo municipal Mauricio del Río, señalando que” la Ilustre Municipalidad de San Carlos, representada circunstancialmente por Pedro Méndez, ha vulnerado la garantía fundamental del artículo 19 N°1 y 4 de la Constitución de la República, esto es, la integridad física y psíquica del demandante y el respeto y protección a su vida privada y a su honra. También el Tribunal “ordena el pago por parte de la municipalidad de una indemnización por concepto de daño moral al demandante Mauricio del Río Armario que asciende a la suma de $7.000.000 pagadera dentro del mes siguiente de que el fallo quede a firme”, además de ser condenado el municipio en costas.
Cabe agregar que durante este procedimiento el Tribunal ordenó al municipio y sus actores relacionados con esta causa, cesar en la difusión y comentarios de estas grabaciones, lo cual no fue acatado por el entonces alcalde Pedro Méndez y el entonces concejal Héctor Guzmán, por lo cual, además enfrentan dos acusaciones de desacato que están en curso.
Al igual como debiera perseguirse la
responsabilidad administrativa y judicial en los juicios perdidos por el municipio
de San Carlos, que solo el 2021 supera los 200 millones de pesos, ahora nuevamente
el municipio deberá desembolsar recursos a
raíz de del juicio sobre las “grabaciones ilegales”.