REGIONAL.- (ladiscusion).- Luego de una exhaustiva investigación, la Contraloría Regional de Ñuble emitió un informe sobre la eventuales irregularidades en la distribución de agua para consumo humano, a través de camiones aljibes en la Región de Ñuble.
En el documento, (informe Nº 233/2020 del 18 de enero de 2021) al cual tuvo acceso LA DISCUSIÓN, aparecen entre las presuntas irregularidades el conflicto de intereses de funcionarios de la Intendencia regional y municipios, con empresas a cargo del servicio, además de gastos no justificados y falta de registro del agua entregada a las comunidades.
Todos estos antecedentes, sostuvo el ente regulador, fueron entregados a los municipios de las comunas involucradas pero también a la Fiscalía Regional y al Consejo de Defensa del Estado, para que determine posibles delitos o malversación de fondos públicos.
Entre los principales resultados, “se observó gastos sin documentación de respaldo, por un monto total de $227.804.514 por la prestación de servicio de agua potable para el consumo humano en vehículos aljibes, a las 21 comunas de la región, por tanto, la Intendencia deberá acompañar los antecedentes referentes a los reportes de GPS y las planillas de registro de entrega del cuarto trimestre de 2018, informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe”.
El reporte establece además que “se comprobó la existencia de conflicto de interés entre un funcionario de la Intendencia Regional de Ñuble y la representante legal de una empresa de transportes. Lo anterior, debido a que los camiones aljibes utilizados para la distribución de agua potable en la comuna de Chillán Viejo, por los proveedores Aguas para Chile SpA, Sotrafer SpA, Patricio Wilhem López y Transportes Juan Luis Zurita EIRL, eran de propiedad de la empresa de transportes Yéssica Andrea Romero Carrasco Trasportes EIRL, persona jurídica cuya administradora y representante legal es Yéssica Andrea Romero Carrasco, quien tiene una hija en común con el señor Erwin Campos Cáceres, funcionario de la Intendencia, el cual participó en distintas etapas de los procesos de contratación y de pago de los servicios de distribución de agua potable para el consumo humano en la Región de Ñuble. Por dicha situación, actualmente se encuentra en trámite un procedimiento disciplinario en esta Contraloría Regional”.
A su vez, “se constató que en los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, se utilizaron camiones de las empresas Servicios Mecanizados Camarico Limitada; SOTRAFER SpA, actual Los Almendros SpA, y, Transportes Dector Rudecindo Vallejos Mardones EIRL, todas relacionadas con Ricardo Vallejos Palacios, administrador municipal de la Municipalidad de Chillán a la época de prestación de los servicios.”
Se comprobó -dice el informe- que para los años 2016, 2017 y 2018, la empresa Antártica de Chile subcontrató los camiones aljibes todos de propiedad de la empresa Servicios Mecanizados Camarico Limitada, la cual tiene entre sus socios a don Fernando Vallejos Palacios, actual juez de Policía Local de la Municipalidad de Pemuco y cónyuge de una familiar del alcalde titular de ese municipio.
“Sobre lo expuesto en los puntos anteriores esta Contraloría Regional ha advertido que las conductas involucradas pudieran revestir caracteres de delitos cometidos por servidores públicos, por lo que se remitirán los antecedentes a la Fiscalía Regional de Ñuble y a la Procuraduría Fiscal de Chillán del Consejo de Defensa del Estado”.
También se observó -establece el ente contralor- “la existencia de pagos sin documentación de respaldo de la efectiva prestación del servicio, y además se verificó, en terreno, que en el período fiscalizado los camiones aljibes no contaban con flujómetros o dispositivos que permitieran medir volumétricamente el agua entregada a cada grupo familiar, por lo que no se pudo acreditar la cantidad efectiva de los litros de agua entregados”, lo que implicará sumario administrativo que iniciará para investigar los hechos expuestos.
Descargos
En la investigación consta los descargos que hicieron tanto la Intendencia como los municipios, frente a los eventuales conflictos de intereses.
La Intendencia Regional señaló que al tomar conocimiento de las imputaciones efectuadas, solicitó a este Órgano de Control la instrucción de un procedimiento disciplinario, el cual se encuentra en tramitación. Aclararon además que dispusieron de un sistema de llamados a licitación para este servicio que antes no existía.
Sobre el particular, la Municipalidad de Chillán manifestó que “don Ricardo Vallejos Palacios, presentó su inhabilitación en su calidad –en ese entonces– de administrador municipal”, aún cuando el informe de Contraloría afirma que la inhabilitación informada por el municipio, se materializó en data posterior a la fecha de las observaciones descritas en el presente numeral, esto es, diciembre de 2018 y enero de 2019.
Además, el informe afirma que Vallejos “concurrió en su calidad de alcalde subrogante, a la ratificación del convenio de colaboración y designación de una nueva contraparte técnica y encargado de la supervisión y control, firmando dicho acto administrativo”, por lo que iniciará un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Respecto al conflicto de interés de funcionarios de la Municipalidad de Pemuco, el municipio afirmó que “no tiene intervención en la contratación de las empresas encargadas de la distribución de agua, siendo esto de exclusiva responsabilidad de la Intendencia Regional”.
La Contraloría en este punto planteó que igualmente denunciará el hecho a la Fiscalía para que investigue, puesto que los contratos implican tanto a funcionarios de la Intendencia como del municipio.