NACIONAL.- (El Desconcierto).- Tras 8 años de tramitación y luego de ser
aprobada por la Cámara de Diputados y la Comisión de Recursos Hídricos del
Senado, restan solo dos meses para que el proyecto sea aprobado en la Comisión
de Agricultura de la Cámara Alta,
antes de que tome el control de la instancia
el UDI Juan Antonio Coloma, contrario a los cambios que buscan asegurar el
consumo humano, la protección de los ecosistemas y evitar la especulación.
La Comisión de Agricultura del
Senado tiene tiempos ajustados para despachar la reforma al Código de Aguas,
tras 8 intensos años de tramitación desde que fuera ingresada por un grupo
transversal de diputados en 2011. El motivo, el inminente cambio en la
presidencia de la comisión, el 11 de marzo de 2020, momento a partir del cual
quedaría en manos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la cual junto a
Renovación Nacional (RN) demostró hace pocos días su oposición al objetivo
central del proyecto al rechazar en el Senado la reforma constitucional que
transforma el agua en un bien nacional de uso público.
Aprobado por la Cámara de
Diputados en 2016 y posteriormente por la Comisión de Recursos Hídricos del
Senado, en su trayecto el proyecto ha debido superar diversos escollos.
Retrasos en su tramitación producto de audiencias en cada una de las comisiones
en que ha sido visto (repitiéndose en cada instancia muchos expositores), una
indicación sustitutiva ingresada en 2014 por el gobierno de Michelle Bachelet y
múltiples otras presentadas en enero de este año por la actual administración,
tendientes a revertir lo avanzado y asegurar el derecho de propiedad perpetuo
sobre las aguas, bajo el concepto de mantener la “certeza jurídica”.
Hoy la Comisión de Agricultura es
presidida por el socialista Álvaro Elizalde, contando la oposición con mayoría
al ser integrada por Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Carmen Gloria
Aravena (ex-Evópoli) y Juan Luis Castro (RN). Sin embargo, producto de previos
acuerdos de comité, a partir del 11 de marzo la comisión pasará a manos de la
UDI y lo más probable es que sea Juan Antonio Coloma el designado,
parlamentario que ha participado en varias sesiones, ocasión en que ha dejado
en claro su cuestionamiento a la forma en que ha avanzado el proyecto.
En este sentido, la oposición
privilegió mantener la presidencia en comisiones como las de Hacienda,
Educación, Trabajo y Salud. En el caso de Minería y Energía, también pasarían
al control del oficialismo.
En la práctica y considerando el
receso legislativo de febrero, son unas pocas sesiones las que restan para despachar
el proyecto previo al cambio de conducción en la comisión. Incluso, el lunes 6
último no hubo sesión.
El avance de esta iniciativa ha
sido lento desde que en agosto de 2017 la iniciativa pasó a la Comisión de
Agricultura. Su discusión se aceleró a principios del año pasado cuando el
Ejecutivo ingresó sus indicaciones, parte importante de las que han sido
rechazadas. Esto podía revertirse con una presidencia oficialista, dadas las
facultades para poner en discusión los proyectos, retirarlos, suspender
citaciones, extender horarios e incluso aumentar el número de sesiones, entre
otras técnicas legislativas.
“Creemos que es fundamental que
la oposición, que ha mostrado un compromiso con la necesidad de asegurar el
consumo humano, la protección de los ecosistemas y evitar la especulación,
apruebe la reforma en la Comisión de Agricultura en las pocas semanas que
quedan antes de marzo” expresó al respecto la directora de Chile Sustentable,
Sara Larraín. Esto ha ocurrido, explicó, fundamentalmente por la poca
convicción que se aprecia a veces en la presidencia con respecto a la urgencia
de la reforma, junto a “las tácticas dilatorias del gobierno, con múltiples y
complejas indicaciones que complican una expedita tramitación”.
La activista señaló que “continuar
retrasando el cambio normativo seguirá profundizando la crisis hídrica, que no
solo es producto del cambio climático y redistribución, sino de la explotación,
saqueo más bien, de las cuencas y acuíferos, avalado por el código vigente y la
Constitución que transforman el agua en una mercancía sujeta a la propiedad
privada y no enfocada al bien común”.
En este sentido, recordó que un
desafío fundamental en 2020 será el debate sobre la nueva Constitución, donde
uno de los objetivos de la sociedad civil será proteger el agua como un derecho
humano fundamental y vital para los ecosistemas y las actividades de
subsistencia.
“De no tomar medidas a todo
nivel, incluido el normativo con la reforma al Código de Aguas, es muy posible
que la crisis hídrica siga avanzando hacia el sur con efectos aún
insospechados”, puntualizó Larraín.
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