Frente al rechazo de la Corte Suprema de un recurso de protección por el desalojo de las familias en la zona donde se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Punilla,
el Abogado Givanni Gotelli señaló a este medio que lo que en su oportunidad se buscaba con este recurso fue acogido por otro tribunal, como el Tercer Tribunal Ambiental, por lo que ni las acciones si no los derechos a ejercer de las familias, se han visto afectada por ese fallo.
"Nuestro propósito era que imperara el derecho y eso lo logramos con otra resolución, más contundente, más importarte, que no solo paralizó los desalojos en ese momento, sino que los paralizó hacia delante y hasta que se terminen los juicios ambientales".
El abogado Gotelli explicó el caso y aclaró lo siguiente:"Aquí se ha querido decir de que los expropiados que ya recibieron dineros no se quieren mover del lugar, y eso es falso. Aquí no se trata de los expropiados, se trata de los ocupantes no propietarios que nunca han recibido un peso, son los ocupantes históricos, que por años, por décadas, sus familias ha ocupado esos lugares.
La resolución ambiental que permite la ejecución del proyecto Punilla obliga a ocuparse de la familias que viven en la zona, ya que ellas se verán afectadas y por ello se generó el denominado plan social, para las familias que van a ser desplazadas de sus lugares, que está inserto en las negociaciones para la construcción del proyecto hidroeléctrico Punilla".
Respecto de supuestos dineros que estarían depositados en la Notaría de San Carlos, el abogado Gotelli calificó de "Migajas que no compensan", ya que estas familias no pueden ser sacadas de sus lugares y desplazadas sin que se les asegure iguales o mejores condiciones de las que tenían en el contexto de la vida de esos lugareños.
Respecto de las actuales acciones judiciales en curso, el abogado dijo "hay una demanda por daño medioambiental que está presentada conjuntamente con la medida prejudicial precautoria de detener los desalojos, hasta que no se resuelvan los juicios".
Dijo que inicialmente la demanda se había representado en contra de la concesionaria Aguas del Punilla, Astaldi, y recientemente se amplió en contra del MOP, por lo tanto hoy día los demandados son la concesionaria del Punilla y el MOP dado que este último no cauteló debidamente el cumplimiento de la resolución medioambiental y peor aún, estuvo en contra de la resolución a través de su inspector fiscal que debió cautelar los intereses de las personas y en definitiva terminó cautelando los derechos de una empres privada".
Gotelli aclaró que no se está en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico, sino que se está porque se respete la resolución de calificación ambiental en cuanto a los lugareños, los que habían comenzado a ser desalojados y el Tribunal Ambiental detuvo esa acción y hoy se han trabado juicios originados, según los demandantes, en el actuar indebido del MOP a través de su inspector fiscal.