El Congreso también solventa tags, estacionamientos, seguros, reparaciones, mantenimientos y combustible. ¿La condición? Que el vehículo sea de su propiedad y esté destinado a su labor parlamentaria.
Desde el año 2011, diputados y senadores cuentan con el derecho a recibir una asignación mensual rotulada como “amortización por desgaste de vehículos”.
Este beneficio, incluido en el ítem gastos operacionales del ordenamiento de asignaciones, consiste en el pago de $ 193.000 para cada parlamentario que utilice su auto personal en su trabajo. El monto se provee para solventar el deterioro de los vehículos que mes a mes transportan a los legisladores y a sus equipos para el cumplimiento de sus actividades parlamentarias.
“Cuando se trate de vehículos de propiedad del senador o el diputado inscritos a su nombre en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, e informados previamente al Senado o la Cámara como vehículos destinados a apoyar la función parlamentaria, se podrán financiar con cargo a este ítem las mantenciones y reparaciones necesarias para garantizar sus condiciones de uso y seguridad”, parte diciendo respecto del uso de automóviles la última resolución del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que en junio pasado actualizó la norma.
Y agrega: “Igualmente, podrá financiarse con cargo a este ítem la amortización por desgaste de un vehículo de propiedad del senador o diputado, debidamente inscrito ante su corporación como destinado a apoyar la función parlamentaria”.
En 2011, el monto era de $ 100 mil mensual, y hoy esa cifra asciende a $ 193 mil por cada congresista. Este monto es fijo, independiente de la cantidad de autos que posea el legislador. Porque los parlamentarios pueden inscribir más de un auto propio para uso en su labor parlamentaria.
Los parlamentarios registran usualmente más de un automóvil como vehículo de trabajo, pero es el Congreso el que asume los gastos de tags, peajes, mantenimientos y seguro automotriz.
La historia del pago
Luego de que en 2009 se desatara un escándalo por el mal uso de asignaciones parlamentarias en la Cámara -que incluyó una investigación en Fiscalía-, el Congreso decidió elevar los controles en el uso de estos fondos estatales.
Hasta entonces, las corporaciones entregaban montos a libre disposición de los congresistas, lo que daba espacio para incurrir en eventuales usos irregulares de los recursos.
Según protagonistas de las discusiones que antecedieron a la creación de la nueva.