El abogado Juan Carlos Manríquez, que patrocinó el recurso, contó que a una funcionaria
denunciante le rayaron el auto y rompieron los vidrios.
En el marco del recurso de protección interpuesto por la funcionaria del Sename Carla Onetto -quien hizo presente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso tres complejas situaciones producidas en el Cread durante el paro de funcionarios que afecta al recinto-, el desde el lunes exdirector del organismo de protección de menores de la región, Esteban Elórtegui, presentó el 30 de agosto un informe que relata diversos malos tratos a niños y adolescentes del centro, tanto antes de la toma como durante esta.
Este lunes la directora nacional del Sename, Solange Huerta, pidió la renuncia a Elórtegui, quien accedió a fin de calmar la huelga y señaló que la institución "está captada por dirigentes que no sirven sino que se sirven del Estado".
En tanto, tras conocerse el informe de 243 muertos en el dependencias del Sename, el senador Francisco Chahuán anunció que este jueves presentará una querella en Valparaíso y posiblemente pida exhumaciones.
En tanto, tras conocerse el informe de 243 muertos en el dependencias del Sename, el senador Francisco Chahuán anunció que este jueves presentará una querella en Valparaíso y posiblemente pida exhumaciones.
Su relato
En el informe a la Corte Elórtegui realizó un escalofriante relato sobre el trato a los niños. En el Cread Playa Ancha, dependiente del Sename, se instruyeron cuatro sumarios que fueron los que provocaron la huelga.
En el informe a la Corte Elórtegui realizó un escalofriante relato sobre el trato a los niños. En el Cread Playa Ancha, dependiente del Sename, se instruyeron cuatro sumarios que fueron los que provocaron la huelga.
En el documento Elórtegui adjuntó testimonios de los menores y que revelan lo que ocurría en el centro. Uno de ellos: "Otro tío me pegó porque andaba enojado, primero me dijo "mantén seco", eso significa que te agarres a combo con otro cabro de la casa para botar la rabia y como yo estaba tan enojado y le pegaba fuerte a otro, el tío Manolo me echó para atrás, me ahorcó, me dejó como 5 segundos sin poder sacar la voz, luego me pegó en la pierna por atrás y cuando me caigo me pisa la cabeza pa que yo no me pare...".
A la vez, en un mail adjuntado a la causa, una supervisora cuenta a Elórtegui del uso de palos para controlar a los niños. Otro adolescente contó que, porque un grupo no se quería acostar, "el tío pegó con barillazos con el mango de una pala. Yo recibí cuatro barillazos, dos en los brazos y dos en las piernas".
A otro, en una oportunidad distinta, lo contuvieron de la siguiente forma: "Un día un cabro se descompensó, no hacía caso y el tío Manduja tomó una silla, la tiró y le dijo, ¡en mi turno no! y le pegó en la cara. Yo le vi la sangre y luego lo agarró del cuello (con el brazo) y lo llevó al baño...".
A otro, en una oportunidad distinta, lo contuvieron de la siguiente forma: "Un día un cabro se descompensó, no hacía caso y el tío Manduja tomó una silla, la tiró y le dijo, ¡en mi turno no! y le pegó en la cara. Yo le vi la sangre y luego lo agarró del cuello (con el brazo) y lo llevó al baño...".
También en el mismo documento se hizo presente que dos menores intentaron abandonar el Cread, sin que hubiese personal a su cuidado. Uno se arrepintió y se cayó de tres metros, resultando con una fractura en el tobillo.
Y sigue: otro educador botó a un niño al piso. Por el golpe a la cabeza terminó con lesiones "contusión facial izquierda y hematoma en labio inferior".
En el mismo texto se informó que hay consumo de marihuana sin control y un intento de suicidio de una niña en el baño después de una pelea cuando la única cuidadora de la casa no estaba.
En el mismo texto se informó que hay consumo de marihuana sin control y un intento de suicidio de una niña en el baño después de una pelea cuando la única cuidadora de la casa no estaba.
En el recinto en toma, el ingreso de personal de salud que verifique la situación de los niños y adolescentes se ha visto limitado, no se está enviando regularmente a terapias a los niños que necesitan apoyo por situaciones psicológicas, no se permite el acceso a familiares que están en proceso de retomar el contacto.
Abogado de incendio en Pto. Montt prepara querella contra el Estado
René González R.
Organizando a los familiares de niños y jóvenes que murieron durante los últimos 10 años estando bajo tutela del Sename, se encuentra el abogado Jaime Gatica Illanes, el mismo que intervino en las aristas penal y civil por la muerte de siete de los diez adolescentes calcinados en el incendio de un centro de reclusión ("Tiempo de Crecer") de esa organización en Puerto Montt, en 2007.
En esa causa, el año pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se allanó a que el Estado pagara $ 70 millones por fallecido a los padres.
—¿Qué consejos legales daría a los familiares de los 865 niños muertos a cargo del Sename en sus centros o en programas ambulatorios?
—Que no permitan la impunidad. Tienen que activar los mecanismos para que esto se investigue. Tienen que querellarse. Esto no es solo un delito puntual o común. Está afectando a un grupo etáreo y social. Por lo tanto, es un tema de derechos humanos, que no solo involucra a un niño y su familia; involucra a la humanidad. Hay que conocer la verdad, los nombres de los responsables y enmendar lo que se ha hecho mal.
—¿Con cuántas familias ya habló?
—Estamos en conversaciones con algunas personas, nos han llamado. Debemos contactar a familiares y organizarlos, porque están dispersos por todo el país y solos no se van a ordenar.
Llamado a Unicef
—¿Hay elementos que hayan servido para acreditar la responsabilidad del Estado en el caso de Puerto Montt y que pueda ser útil en este caso?
—El informe de la Unicef, que a propósito del incendio, realizó una auditoría. Yo esperaría que, en virtud del informe que ahora conocemos, nuevamente constituya una comisión investigadora en Chile.
—Y respecto de la demanda civil por indemnización, ¿qué experiencia legal puede servir hoy?
—El CDE argumentó en el juicio civil por el incendio en Puerto Montt que las mismas familias colocaron a sus hijos en situaciones de riesgo social. Pero contraargumentamos que no estaban abandonados: hasta en las mejores familias se pueden dar problemas de drogas y en los estratos bajos padre y madre se ven forzados a trabajar si quieren comer y suplir otras necesidades básicas. Entonces los pequeños pasan parte del tiempo solos y suelen vivir en guetos sociales, que también son un producto de políticas públicas de años.
René González R.
Organizando a los familiares de niños y jóvenes que murieron durante los últimos 10 años estando bajo tutela del Sename, se encuentra el abogado Jaime Gatica Illanes, el mismo que intervino en las aristas penal y civil por la muerte de siete de los diez adolescentes calcinados en el incendio de un centro de reclusión ("Tiempo de Crecer") de esa organización en Puerto Montt, en 2007.
En esa causa, el año pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se allanó a que el Estado pagara $ 70 millones por fallecido a los padres.
—¿Qué consejos legales daría a los familiares de los 865 niños muertos a cargo del Sename en sus centros o en programas ambulatorios?
—Que no permitan la impunidad. Tienen que activar los mecanismos para que esto se investigue. Tienen que querellarse. Esto no es solo un delito puntual o común. Está afectando a un grupo etáreo y social. Por lo tanto, es un tema de derechos humanos, que no solo involucra a un niño y su familia; involucra a la humanidad. Hay que conocer la verdad, los nombres de los responsables y enmendar lo que se ha hecho mal.
—¿Con cuántas familias ya habló?
—Estamos en conversaciones con algunas personas, nos han llamado. Debemos contactar a familiares y organizarlos, porque están dispersos por todo el país y solos no se van a ordenar.
Llamado a Unicef
—¿Hay elementos que hayan servido para acreditar la responsabilidad del Estado en el caso de Puerto Montt y que pueda ser útil en este caso?
—El informe de la Unicef, que a propósito del incendio, realizó una auditoría. Yo esperaría que, en virtud del informe que ahora conocemos, nuevamente constituya una comisión investigadora en Chile.
—Y respecto de la demanda civil por indemnización, ¿qué experiencia legal puede servir hoy?
—El CDE argumentó en el juicio civil por el incendio en Puerto Montt que las mismas familias colocaron a sus hijos en situaciones de riesgo social. Pero contraargumentamos que no estaban abandonados: hasta en las mejores familias se pueden dar problemas de drogas y en los estratos bajos padre y madre se ven forzados a trabajar si quieren comer y suplir otras necesidades básicas. Entonces los pequeños pasan parte del tiempo solos y suelen vivir en guetos sociales, que también son un producto de políticas públicas de años.