Una airada y molesta reacción tuvo el concejal César Ortíz luego de conocer el informe jurídico que no permitiría llevar ante el concejo al funcionario Anivaldo Núñez, a quien se pretendía pedir explicaciones por un incidente protagonizado por el citado funcionario y el concejal Ortíz.
Ortíz, que es presidente de la comisión educación del concejo, intervino señalando: "A mí me interesaría mucho más que don Anivaldo Núñez, diera respuesta a este concejo y a este alcalde, que tampoco se la ha pedido, por qué durante 30 años siendo él la persona que trabaja como control municipal, nunca se dio cuenta del tremendo problema grave que se estaba gestando en este municipio".
El problema que indica el concejal dice relación con ciertas irregularidades en el CEIA que involucrarían subvenciones y carreras no autorizadas, que obligaron a cancelar la matricula de unas 25 mujeres que pretendían obtener el título de técnico en educación de párvulos.
Ortíz en su intervención en el concejo, continuó señalando: "Le voy a decir algo alcalde. Usted va a tener que ponerle precio a este edificio, para pagar las multas que se nos vienen desde la Superintendencia de Educación porque esto (Situación del CEIA) viene de antes del año 2.000"
Ortíz también reclamó que las personas involucradas no estén buscando solución al problema y agregó que el alcalde tampoco lo ha pedido y, ante la reacción del alcalde Ortíz le manifestó: "No señor. El que ordenó el sumario fue el Administrador no usted".
El presidente de la comisión educación valoró la intervención del Jefe subrogante de educación, Marcial Valenzuela quien ha estado gestionando posibles soluciones para las 25 estudiantes a quienes se les canceló la matrícula, ya que el establecimiento no podía entregar esa carrera, ni eran los requisitos que se exigieron.
También informó que se ha reunido con el Instituto Valle Central en busca de soluciones para las afectadas y que se continúa con estas tratativas.
De acuerdo lo que se ha expresa el problema en el CEIA habría sido el interés por tener matrículas, lo que llevó a incorporar alumnos que ya habían sido motivado de subvenciones y aporte estatales en su formación. O sea alumnos, como el caso de un concejal que, teniendo rendida su enseñanza media, se incorporó nuevamente a estudiar una carrera, al parecer no autorizada, para obtener un título técnico situación que se repite en varios casos y cuya responsabilidad no es de los alumnos, sino de quien matricula.