Recientemente la concejala Lucrecia Flores reflotó una denuncia, originada el año 2014, que daba cuenta
de un proveedor que entregó mercaderías al DAEM y que hasta la fecha no habría recibido el pago.
Si bien la Contraloría en julio de 2015
ordenó al municipio de San Carlos esclarecer la ubicación de una serie
de artefactos y artículos que fueron adquiridos por el DAEM el año 2014 y
cuyo proveedor aún no recibe el pago correspondiente, esta situación
aún no es conocida por la denunciante que en reciente sesión del concejo
municipal exigió que el alcalde dé cuenta dónde quedó el sumario, que
se resolvió y que se contestó a la contraloría sobre este hecho.
De acuerdo a los antecedentes analizados
por la contraloría el año 2014 el DAEM de San Carlos requirió, sin
orden de compra, bienes en carácter de urgente, entre los cuales
figuraba un refrigerador, una cocina, una salamandra, dos teléfonos
celulares, veintiséis overoles, trece pares de zapatos, un notebook y
ocho sillas, bienes que fueron entregados en los meses de enero, febrero
y marzo de 2014 al Departamento de Educación Municipal de San Carlos,
lo cual hasta la fecha se encuentra impago.
Según los antecedentes al año siguiente
2015, el director del DAEM (SD) Marcial Valenzuela informó que no
existía documentación que acreditara dichas compras y que por lo tanto
no figuraba deuda pendiente, respecto del proveedor Nelson Badilla
Rojas. También explicó Valenzuela que estas compras sí fueron ordenadas
por un funcionario del Daem y que de acuerdo a un memorándum del
departamento de adquisiciones del mismo DAEM se habría recibido parte de
las especies, esto es una cocina, una estufa, 26 overoles, 13 pares de
zapatos para el personal del recinto municipal "Centro de Eventos El
Obelisco", y que ocho sillas fueron a dar a dependencias del DAEM, el
mismo documento no esclarecería el paradero del refrigerador, un
notebook y dos teléfonos celulares.
Posteriormente en julio de 2015 el
encargado de adquisiciones del DAEM señala que no existe ningún
documento que avale dichas compras, que no habría solicitud de pedido ni
orden de compra, aun cuando reconoce que se recibieron algunos bienes
por parte del Departamento de Educación.
Si bien el municipio ordenó un sumario
el año 2014, el fiscal Cristóbal Jardua dejó de pertenecer a la dotación
municipal y hasta la fecha no se sabe -dijo la concejala- si se nombró a
un nuevo fiscal y cuál fue el resultado de dicha investigación.
En su oportunidad la Contraloría le
recordó al alcalde que los sumarios administrativos tienen un plazo de
investigación de 20 días, tras lo cual se deben formular cargos o
sobreseer, en un plazo de tres días.
La contraloría señaló también que "
vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando este
afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar la medidas
tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad de fiscal".
Fue el año 2015 cuando la Contraloría
estableció que corresponde al alcalde, en este caso, designar un nuevo
fiscal que continuara la investigación sobre estas especies entregadas
al DAEM y que, una vez que sea esclarecida la recepción y destino de los
bienes, se regularice, si correspondiere, el pago de la deuda y que
informe a la Contraloría de su resultado.
A pesar del tiempo trascurrido la
concejala Flores, en uso de sus facultades de fiscalización, denunció no
haber tenido acceso oportuno a los procedimientos del Municipio en esta
materia y que nada se sabe respecto de este caso, por lo que insistirá
nuevamente ante el órgano contralor.
Extraoficialmente se ha dicho que el
sumario habría sido retomado por un nuevo fiscal el que habría informado
dentro de plazo y que tal investigación estaría a la espera de
resolución de la alcaldía.