El Agente Zonal de la Superintendencia de Salud, Ernesto San Martín, reveló que durante el período enero – noviembre de 2015,
se cursaron multas a Isapres y prestadores privados y amonestaciones en prestadores públicos, tras detectar en las fiscalizaciones realizadas que, en algún aspecto, no habrían respetado sus obligaciones con sus usuarios, vulnerando sus derechos en salud.
En el caso de las Isapres, San Martín señaló que "a través de un aumento en la actividad fiscalizatoria en la Región del Bío Bío, se pudo determinar que las fallas más recurrentes en la zona (y que han sido sancionadas con anterioridad) corresponden a la falta de entrega de los documentos contractuales a los afiliados, mantener documentos firmados en blanco por ellos, y por infracción a la prohibición de discriminación, tanto por edad como por profesión; materias que fueron ampliamente fiscalizadas en el transcurso del año".
Dichas irregularidades, que se repitieron en otras regiones, fueron consideradas al momento de sancionar a las aseguradoras infractoras con multas a beneficio fiscal.
Sobre este punto, cabe destacar que a nivel nacional se cursaron un total de 206 sanciones a las Isapres y Prestadores públicos y privados de salud, un 41% más que las aplicadas a igual período de 2014. El 20% fueron aplicadas a las Isapres y el 80% restante, a Prestadores de Salud Públicos y Privados. "Del total nacional de sanciones, 107 corresponden a amonestaciones y 99 a multas, con montos que ascienden a 32.595 Unidades de Fomento ($835.380.189.-)" informó San Martín.
Respecto a los prestadores públicos y privados, El Agente Zonal de la Superintendencia precisó que "los temas reiterativos corresponden a la falta de notificación al paciente GES y por incumplimiento de instrucciones frente a la Urgencia Vital GES".
Ernesto San Martín destacó que "los procesos de fiscalización tienen por objeto generar cambios positivos en el accionar tanto de las aseguradoras como en los prestadores, a través de las instrucciones emitidas frente a los incumplimientos. Queremos generar los estímulos adecuados para que estas prácticas fuera de la ley dejen de ocurrir y en eso estamos trabajando; ahora, frente a la reiteración de las conductas infractoras, nuestro deber es amonestar y multar, de acuerdo a las facultades que nos entrega la ley. Para ello, aplicamos la supervisión en base al riesgo, entre otros criterios, para orientar nuestra actividad a los temas críticos que afecten a las personas y para cumplir el rol que nos corresponde en la defensa de sus derechos".
fuente:espectadordigital.cl