Ahora
se empieza hablar del tema social
y el agua para los pequeños productores
Sectores público y privado están de acuerdo en
que debe primar un enfoque social, pero hay muchos temas que afinar.
Atrás quedó una etapa del proyecto de embalse
La Punilla, con el llamado a licitación, una obra concesionada que dará riego a
70 mil hectáreas. Ahora se inicia una nueva, que consiste en determinar cómo se
incorporarán al sistema nuevos regantes. Los actuales, sobre todo, los más
pequeños, cancelarán el costo que implica pasar de un riego de baja seguridad a
otro que garantiza un 85%.
Para ello, los servicios públicos como la
Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Seremi de
Agricultura, Indap y otros, se reunirán este martes, para poner todos los
antecedentes sobre la mesa y comenzar a realizar un trabajo de definiciones y
determinación de las disponibilidades de agua por sectores.
Paralelamente, la Junta de Vigilancia,
encabezada por su presidenta, Margarita Letelier, se reunirá en Santiago con el
ministro de Agricultura, Carlos Furche, y el director nacional del Indap,
Octavio Sotomayor, para buscar una fórmula en que los pequeños regantes puedan
contar con apoyo estatal para acceder a los derechos de agua mejorados,
conforme al modelo de negocio diseñado participativamente.
Los regantes van con planteamientos claros que
ya se hicieron al ministro en su reciente visita a San Carlos, y lo medular es
una solicitud de instrumentos para desarrollo de infraestructura de riego y
fortalecimiento de las organizaciones de regantes que impulsa la CNR, pero
“enfocados específicamente en nuestra cuenca, a objeto de estar preparados
cuando nuestros canales reciban el caudal regado del embalse”, señaló entonces
Letelier, agregando que “le solicitamos concursos especiales para el desarrollo
de infraestructura de riego en la red de canales del río Ñuble”.
Otro de los temas clave, también expresado en
la oportunidad, es que “según la planificación, en los próximos 8 años que
durará la construcción y suscripción de acciones con el MOP, el Ministerio de
Agricultura será una unidad estratégica para el éxito de este proyecto,
especialmente para los pequeños agricultores. Por eso es que también hoy le solicitamos
un apoyo directo de Indap a los pequeños regantes, apoyando la compra de
acciones de los pequeños agricultores con subsidios de 85%, para alcanzar los
niveles de subvención que se han visto en otros embalses implementados por el
Estado”.
En este punto, según explicó Martín Arrau, de
la Junta de Vigilancia del río Ñuble, no sólo se están refiriendo a “pequeños
agricultores” de acuerdo a la definición que hace el Gobierno respecto a los
potenciales usuarios de Indap (aquellos que explotan una superficie no superior
a las 12 hectáreas de riego básico, cuyos activos no superen las 3.500 UF),
sino que a un espectro más amplio de pequeños propietarios.
En todo caso, de acuerdo al modelo de negocio
presentado a los regantes, en el momento que se suscribieron los compromisos
para la compra de estos títulos en 2013, el monto a pagar por las acciones Tipo
A (que se venderá a prorrata de las actuales acciones del río Ñuble y que son
un total de 21.221), es de 52 UF si lo hace en una sola vez, que se desglosa en
2 UF de pago único por acción y 50 UF por el servicio de regulación de las
aguas mientras dure la concesión.
Estas cifras justifican lo que está
solicitando la Junta de Vigilancia, sobre todo, en el caso de los pequeños
productores, que requerirán un tiempo razonable para que se comiencen a notar
incrementos de sus ingresos debido a la seguridad de riego.
Apoyo estatal
A nivel regional, las autoridades están
iniciando un proceso de recopilación de información, para dimensionar en forma
precisa lo que se requerirá para apoyar este proceso.
Andrés Castillo, titular de Indap Bío Bío,
señaló que está reuniendo información sobre los pequeños agricultores del área
de influencia del embalse, que cuentan con derechos de aprovechamiento de aguas
y serán eventuales titulares de las acciones mejoradas una vez construída la
obra.
Castillo afirmó que no sólo se trata de apoyar
la compra de las acciones, sino que también en estos procesos hay muchas otras
cosas que intervienen en la puesta en marcha: “Tengo la experiencia de lo que
se hizo en el Laja-Diguillín y lo principal para iniciar las acciones en este
tipo, es tener claridad de quiénes son los favorecidos, dónde están y de qué
requieren. En eso estamos trabajando en conjunto con los servicios públicos y
también hemos pedido colaboración a privados”.
Fuente:ladiscusion.cl