Secretario
ejecutivo de reforma educacional: "Sostenedores deberán explicitar más sus
proyectos educativos para evitar problemas"
A semanas de que la
ley de inclusión se promulgue, el Mineduc trabaja en los 25 reglamentos que
establecerán el modo en que operará la norma. Según el secretario de la
reforma, Andrés Palma, con este cambio los sostenedores tendrán que precisar
los proyectos educativos de sus colegios y aseguró que habrá flexibilidad en la
fiscalización durante los primeros años.
¿Se han reunido con
los sostenedores?
Sí, continuamente
después del despacho de la ley a fines de enero, con el objetivo de ir
entregando información e ir aclarando las dudas. Muchos sostenedores se nos han
acercado a consultar respecto a los alcances de la ley. Y compartimos su
análisis: Hay mucha información distorsionada sobre los alcances de la ley y
por ello estamos preparando, para apenas se publique la ley, enviar una
información directa a cada uno de los sostenedores y a cada uno de los directores
de establecimientos, con contenidos de la ley y con preguntas y respuestas.
¿Y eso va ser como
una campaña comunicacional o va a ser directa a los colegios?
Va ser una campaña
comunicacional, pero focalizada. Los sostenedores con el ministerio tienen una
relación permanente a través del sistema informático, entonces vamos a usar ese
sistema para comunicarnos directamente con ellos. Ahora, nosotros estamos
prestando asesorías con un equipo de abogados, centrado en la oficina de ayuda
del Mineduc, quienes prestan ayudas gratuitas a los sostenedores que tengan
dudas y que quieran consultar, y eso opera a través de la mesa de ayuda del
Mineduc. Y cuando se publique la ley, esperamos extender ese equipo a cada una
de las secretarías ministeriales
¿Y eso tiene un
costo adicional a la reforma?
Es un costo muy
bajo, son costos que vienen en los presupuestos de la Subsecretaría de
Educación.
¿Cuántas consultas
de sostenedores han recibido ya?
En este último mes
hemos recibido cerca de 250 consultas de sostenedores, por ejemplo.
Y cuando se ha
reunido con la Fide o la Iglesia. ¿Qué le solicitan ellos? ¿Les han pedido
flexibilidad en los reglamentos?
La principal
petición es de flexibilidad respecto de la actitud o el estilo de trabajo de la
Superintendencia de Educación. O sea, en el fondo, que la fiscalización sea
flexible, no tanto los reglamentos, si no que las fiscalizaciones entiendan que
este es un proceso que es una transición, que va a traer cambios y que por lo
tanto se pueden cometer errores durante el proceso de puesta en marcha. Y nosotros lo que hemos
respondido es que eso está contemplado en el proyecto de ley, porque dice que
durante cinco años se pueden hacer consultas a la Superintendencia para ver si
las rendiciones están bien, para ver si las imputaciones de recursos
corresponden, a cada uno de los fines educativos que establecen.
La red de colegios
SIP asegura que ellos compraron casilleros y los dineros fueron objetados. ¿La
idea es ser más flexible en la transición?
Ellos me plantearon
el ejemplo, que es una multa que le pasaron en el gobierno anterior. Pero eso
no tiene que ver con este proyecto, si no que con la Subvención Escolar
Preferencial (SEP).
Pero los fines
educativos, al igual que la SEP, amarran los dineros de la subvención
Claro, y por eso
estamos trabajando con la Superintendencia en la materia de reglamentación de
los fines educativos, en la lógica de que los criterios con los que se
fiscalice a futuro cuando entre en vigencia el primero de marzo del próximo
año, los fines educativos, el criterio quede plasmado en la reglamentación y se
recoja el espíritu de la legislación al respecto, y no se quede en mero
formalismo. Hay un cambio de orientación del tipo de fiscalización, porque si
queremos calidad en la educación, lo que debemos fiscalizar es que se entregue
calidad en la educación, también haciendo buen uso de los recursos,
evidentemente. Ahora, el proyecto de inclusión incluye dos cuestiones que para
los sostenedores tendrá que ser más relevante, porque la ley dice que los
recursos se pueden usar en cualquier cuestión, en cualquier actividad que ayude
al desarrollo o cumplimiento del proyecto educativo. Entonces el proyecto
educativo tendrá que ser mucho más explícito de lo que es hasta el día de hoy,
porque ahí es donde se va a jugar el tema del uso de los recursos. Entonces, en
el fondo, hay una tarea más que en la perspectiva de la fiscalización, el
proyecto estimula a que haya un mejor desarrollo de los proyectos educativos, y
en la SEP de los planes de mejoramiento educativo.
Entonces en esa
lógica, ¿los colegios van a tener que adecuar sus proyectos educativos y planes
educativos?
En el caso de la
SEP, el plan de mejoramiento educativo va a tener que ser más explícito si no
quieren tener problemas de fiscalización, y lo mismo va a ocurrir con el
proyecto educativo, porque si no se hace, entonces después se les puede objetar
“oiga, esto no estaba dentro de su proyecto educativo”, y queremos que los
recursos se usen en los objetivos establecidos, por eso dejamos la libertad que
cada establecimiento tenga su proyecto educativo.
¿El cambio tiene
que ser visado por el Mineduc?
No, tiene que ser
comunicado al ministerio. Ahora, evidentemente si el ministerio encuentra algo
en un proyecto educativo que es contrario a las disposiciones legales, lo tiene
que observar, si alguien quiere hacer un proyecto educativo discriminador, el
ministerio le tiene que decir que está contra la ley.
¿Hay alguna otra
forma en que van ayudar a los sostenedores?
Los plazos son
graduales, lo que pasa es que nosotros quisiéramos que se transformaran rápido,
porque así el próximo año, más del 90% de los establecimientos, puede tener más
recursos que este año. O sea, para recibir el aporte de gratuidad, y la SEP
preferente, hay que ser sin fin de lucro, transformarse en gratuito y tener el
convenio SEP. Más del 90% de los establecimientos que hoy día reciben
subvención, el próximo año podrían tener más recursos disponibles que los que
tienen por el copago poniendo los valores equivalentes. De los 11.300
establecimientos, sólo a unos 800 no les convendría, desde el punto de la
disponibilidad de recursos para la educación, porque tienen copago alto y si
pasan a gratuidad pierden recursos.
Esos 800 deberían
esperar a que suba la subvención
Lo que pasa es que
los que tienen un copago alto, no van a perder plata, pero el aporte de
gratuidad y la subvención preferente no les remplaza lo que reciben de copago.
Sostenedores y sus
asesores legales temen que la nueva ley se parezca a la SEP, en cuanto a
fiscalización.
La SEP se da por
medio de un convenio sujeto ante el ministerio. Pero en el caso de los fines
educativos, no hay dicho convenio. Por ejemplo, puede decir “que su proyecto
educativo viene del año 1800” y quieren hacer algo determinado, bueno, pero desarrollen
bien lo que va a ser en el proyecto para evitar que haya problemas de
fiscalización.
por Paulina Salazar
- 13/04/2015 - 03:18