Este martes 11 se sumará el
Consejo de Defensa del Estado (CDE) a los alegados en el juicio que buscan
dejar sin autorización ambiental para embalse Punilla.
El Consejo de Defensa del Estado
se hizo parte en la causa judicial iniciada por el municipio de San Fabián de
Alico, y que busca quede sin efecto la autorización ambiental del embalse
Punilla. Este martes tendrán lugar los alegatos en el Tribunal Ambiental de
Valdivia.
El Tercer Tribunal Ambiental de
Valdivia acogió la reclamación interpuesta por el muncipio de San Fabián, para
reabrir la resolución ambiental en relación al Proyecto Punilla, luego de que
la petición no obtuviera respuesta ni del MOP ni del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) del Bío Bío.
El Punilla es considerada una
obra prioritaria para el riego en la provincia de Ñuble y ha tenido años de
tramitación. El Gobierno espera realizar en 2015 la apertura de ofertas del
llamado a licitación, concesión y explotación de este proyecto.
Sin embargo, una reclamación
interpuesta por la comuna de San Fabián para lograr que se revise la Resolución
de Calificación Ambiental, judicializó el proyecto. Tras un primer rechazo, el
Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y con nuevos antecedentes acogió la
presentación que actualmente está en tramitación.
Para este martes 11 de noviembre
quedó fijada la audiencia de alegatos en el tribunal, donde además de los
abogados del SEA, intervendrá el Consejo de Defensa del Estado, que en los
últimos días pidió ser parte en la causa.
El municipio de San Fabián es
representado por abogados de la Corporación Fima, un estudio jurídico ambiental
especializado en estos asuntos.
En agosto del año pasado, la
Municipalidad de San Fabián pidió al Servicio de Evaluación Ambiental del Bío
Bío revisar la autorización entregada al proyecto Punilla, obra destinada al
riego de más de 60 mil hectáreas en la provincia de Ñuble.
Los fundamentos técnicos apuntan
a que desde noviembre de 2010, cuando se entregó la resolución de calificación
ambiental del embalse, ha habido cambios que no se han considerado en el
proyecto.
Nueve años han pasado desde el
inicio de la tramitación y según la alcaldesa Lorena Jardua, la cantidad de
familias a erradicar ha aumentado, la zona fue declarada reserva de la Biósfera
y hay riesgos geológicos latentes y de actividad volcánica.