Demanda interpuesta por Seremi de Desarrollo Social ha seguido su curso y aún no hay fecha clara para conclusiones.
- Por orden de contralor, Hugo Gebrie debió detener investigación sumaria que llevaba a cabo al interior del municipio.
El verano en la comuna de San Carlos quedó con todo el polvo arremolinado en el aire luego de la historia denunciada a la Seremi de Desarrollo Social en torno a un presunto caso de falseo de datos con la Ficha de Protección Social (FPS) llevado a cabo por tres funcionarias de la municipalidad, entre ellas la actual pareja del mismo alcalde Hugo Gebrie.
El mismo seremi Sergio Giacaman en conjunto con otras autoridades se encontraba a lo largo de noviembre y diciembre de 2011 cruzando datos con otros ministerios para la conformación del nuevo sistema de acreditación de situación socioeconómica, cuando se encontraron con esta denuncia anónima en el buzón. La situación que individualizaba a importantes funcionarias como la misma administradora municipal fue revisada de manera exhaustiva por Giacaman y su equipo jurídico tomando como decisión más pertinente derivar los antecedentes a la Contraloría regional en pos de ubicar los vicios administrativos y responsables de uno de los casos de irregularidades que más ha golpeado a la comuna.
Desde la misma Seremi de Desarrollo Social expresaron que el caso es seguido con especial atención en conjunto con los que han sido denunciados en los juzgados civiles. El mismo abogado de la secretaría, Juan Pablo Besser informó que “la investigación sigue su curso, tengo entendido que ya se han llevado diligencias en la misma comuna con solicitudes de información a la Dideco y el mismo alcalde, pero en todo caso lo que sigue a partir de ahora le corresponde a la misma Contraloría dar cuenta”, quien agrega que en materias de este tipo los plazos no existen y están dados sólo por lo que requiera la naturaleza del mismo caso.
Dos semanas duras
El polvo se sigue levantado, pero los ánimos ya están más quietos. Y es que una vez que Contraloría entra al baile, todos los involucrados deben danzar al ritmo que estipulen los mandamases del organismo. Es por eso que tras su temprana llegada,el día martes 3 de enero, fue el mismo fiscalizador en terreno, Víctor Espinosa, quien notificó al alcalde Gebríe que debía dejar sin efecto un sumario interno iniciado sobre el bullado caso. Gebrie mismo ya había nombrado a un funcionario de confianza en este sentido, Alex Molina habría sido el mismo fiscal y María Henríquez la secretaria del proceso que fue debidamente suspendido por la Contraloría con la explicación de que sería sólo este organismo el único encargado de investigar estas denuncias.
Con esta aclaración hecha a Espinosa no le quedaba más que iniciar las diligencias correspondientes y al municipio sancarlino responder a los requerimientos del fiscalizador.
Fuentes cercanas a la municipalidad detallaron que el cronograma de investigación que se ha seguido en las últimas dos semanas ha consistido primero en entrevistas con los funcionarios vinculados con el caso, ya sea en el mismo Dideco, la Daem, entre otros.
Quien también fue requerido por el fiscalizador para sostener una entrevista en torno al caso fue Florencio Rodríguez, encargado específico de la FPS en el municipio.
Pero una de las diligencias que causa más inquietud fue la llevada a cabo con los familiares de los involucrados. Es así como el fiscalizador requirió la presencia de la madre de Nayareth Domínguez (actual pareja de Hugo Gebrie), así como también a la madre de la otra involucrada en las denuncias, Pilar Salinas. Junto estas dos personas el último requerido por Contraloría para realizar la recogida de datos fue el actual esposo de la administradora municipal, Ximena Pacheco. Estas tres personas fueron entrevistadas por el enviado de Contraloría para así precisar datos en torno a la situación socioeconómica y detalles en torno al procedimiento de encuesta y datos recogidos en torno a la misma Ficha de Protección Social.
Aún faltan más diligencias por realizar, mientras el alcalde Gebrie debe esperar otro complicado dictamen desde la capital regional.
Fuente: D. La Discusión