La Municipalidad de San Carlos es parte de un grupo de municipios donde la Contraloría mantiene una investigación especial vigente desde 2025. Según los registros oficiales de la Contraloría General de la República (CGR), la indagatoria en la capital de la provincia de Punilla está centrada en el macroproceso de Recursos Humanos.
Esta misma área crítica es el foco de las investigaciones especiales que el ente fiscalizador mantiene abiertas desde el año pasado en las municipalidades de Coihueco y San Fabián, lo que refleja una preocupación continua por la probidad en la gestión del personal y la administración interna de las corporaciones edilicias de Ñuble.
El caso de San Carlos no es aislado. La red de fiscalizaciones se ha intensificado y diversificado durante este año, ampliando el espectro de revisión en distintas comunas de la región.
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El mapa de escrutinio regional se completa con revisiones en otras áreas de alta sensibilidad. Hay una indagatoria adicional en Ñiquén por Adquisición y Abastecimiento, una investigación especial en la municipalidad de Ninhue por el macroproceso de Finanzas, y otra en San Nicolás centrada en Infraestructura.
El conjunto de indagatorias refleja un estricto e implacable control sobre los recursos de los vecinos en toda la región.
La ola de fiscalizaciones vuelve a poner el foco en Ñuble luego de que los concejales de Chillán, Carolina Chávez y Raúl Franulic, presentaran graves antecedentes ante la Contraloría Regional de Ñuble para exigir una investigación especial en esa comuna.
La solicitud de los ediles se fundamenta en la millonaria pérdida de $3.016.886.512, tras la prescripción o abandono de 67 juicios ejecutivos por cobro de patentes municipales no cobradas. A ello se suman 121 causas pendientes por otros $1.141 millones que aún podrían recuperarse.
Según un informe del propio director de Control municipal de Chillán, hubo una evidente falta de diligencia en la tramitación de estas causas. Esto hace urgente, según los concejales, la intervención del ente fiscalizador para determinar responsabilidades administrativas y proteger los recursos que deberían destinarse a seguridad, pavimentación y áreas verdes.
Para que la Contraloría acceda a efectuar una investigación especial, como la que hoy se exige en Chillán, se requiere cumplir con ciertos criterios fundamentales. Es indispensable que la denuncia cuente con antecedentes concretos, plausibles y respaldados con evidencia documental que apunten a irregularidades graves, pérdida de patrimonio fiscal o faltas a la probidad.
Además, la situación denunciada debe revestir una urgencia y especificidad que amerite una fiscalización focalizada, distinta a una auditoría regular, orientada exclusivamente a esclarecer los hechos, establecer responsabilidades administrativas directas y, en caso de detectar eventuales delitos, derivar los antecedentes al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado.
- 🔍 San Carlos figura entre los municipios investigados por Contraloría desde 2025.
- 👥 La indagatoria en San Carlos se centra en Recursos Humanos.
- 🏛️ Chillán exige una nueva investigación por $3.016 millones en patentes perdidas.
- 🗺️ El mapa suma a Coihueco, San Fabián, Quirihue, Ñiquén, Ninhue y San Nicolás.
