Durante la sesión del Concejo Municipal del miércoles 8 de abril, la secretaria municipal subrogante, María Adriana Henríquez, informó sobre cuatro resoluciones del Consejo para la Transparencia (CPLT) vinculadas a reclamos interpuestos contra la municipalidad de San Carlos.
La información se entregó en cumplimiento de una nueva directriz de la administración municipal, que instruye derivar y reportar periódicamente al Concejo los resultados de los reclamos ciudadanos.
En esta jornada, se notificaron tres reclamos declarados
inadmisibles y el cierre de un proceso de seguimiento:
Rechazo a reclamo de Fabiola Muñoz: (Rol C2817-26).
Inadmisibilidad de amparo de Luis Zúñiga: (Rol C1582-26).
Desestimación de reclamo de Solange Aguilera: (Rol
C2814-26).
Cierre de proceso anónimo: (Rol C13316-25).
No obstante, ninguno de los documentos fue acompañado de una explicación sobre su materia de fondo. Los oficios se leyeron formalmente sin que se informara de qué trataban las solicitudes o quejas que originaron cada proceso ante el organismo fiscalizador nacional.
La omisión es precisamente el núcleo del problema: una directriz que busca dar cuenta de los reclamos ciudadanos pierde su sentido si omite lo más relevante, que es el motivo que llevó a cada persona a recurrir al CPLT contra su propio municipio.
Este episodio se suma a uno previo de similar naturaleza, cuando los concejales opinaron sobre el cuarto informe trimestral de la Dirección de Control sin que su contenido fuera expuesto públicamente. La práctica consolida una forma de transparencia formal que, en los hechos, mantiene la información ciudadana en la opacidad.