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| Patricia Villarreal, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (AFIPA) |
Un problema que crece y se conecta con otras ilegalidades
El comercio ilegal de fitosanitarios ya no es marginal. Villarreal subraya que el fenómeno se cruza con robos en el mundo rural, donde estos insumos figuran entre lo más sustraído por su alto valor y facilidad de reventa. La diferencia es que ahora hay mayor conciencia institucional. Organismos como la SNA han documentado información directa de productores sobre delitos en terreno, y mesas piloto en algunas regiones coordinan respuestas entre actores públicos y privados. El crimen organizado ha contribuido a poner el tema sobre la mesa como una prioridad.
Los riesgos reales para productores y exportadores
Para quienes producen fruta, hortalizas o cultivos destinados a mercados internacionales, usar productos ilegales es jugarse el negocio. Un fitosanitario no registrado o prohibido puede dejar residuos por encima de los límites permitidos, lo que genera sanciones, multas y problemas de comercialización en destino. Pero hay más: una formulación no autorizada puede contener contaminantes o coformulantes no evaluados que afecten a quienes aplican el producto, al entorno o al mismo cultivo.
Y existe un riesgo económico concreto. Un producto ilegal puede ser ineficaz, venir adulterado o causar daños severos que destruyan una cosecha. Para pequeños productores, una mala temporada ya compromete el sustento del hogar; perderlo todo por usar un insumo adulterado es devastador. Villarreal no afirma que exista un daño consolidado a la reputación de Chile, pero sí hay un riesgo real de deterioro si el fenómeno no se controla. En una industria que vende confianza además de producto, ese punto es determinante.
¿Por qué siguen comprando fuera de canales formales?
Una de las causas es simple: muchos agricultores desconocen que estos productos solo pueden comercializarse en lugares autorizados. Aún existe oferta en redes sociales, ferias y circuitos no habilitados. Villarreal explica que los incumplimientos no siempre son por mala intención, sino por falta de conocimiento o por la urgencia de salvar una producción. En el caso de pequeños productores, esa urgencia es incluso más apremiante.
Lo interesante es que esto abre una responsabilidad compartida. El combate al comercio ilegal no pasa solo por decomisos policiales o controles aduaneros, sino por cerrar la brecha de información en el campo. Los productores necesitan saber qué hacer, dónde comprar, qué evitar y cómo actuar frente a ofertas sin respaldo formal.
Prohibiciones sin alternativas empujan hacia la ilegalidad
Villarreal plantea un punto que genera debate: cuando se prohíbe una molécula sin suficiente anticipación, comunicación ni alternativas, se produce un efecto boomerang. El productor que necesita resolver un problema fitosanitario igualmente buscará el insumo, pero por una vía sin control. Por eso insiste en que estos procesos deben abordarse de manera sistémica, con mayor preparación de la industria, mejor comunicación hacia usuarios y transparencia sobre por qué se cancela un producto, en qué plazo y con qué sustitutos disponibles.
Fronteras permeables y delito transnacional
La geografía chilena juega un papel importante. El norte del país es uno de los principales focos de ingreso de productos ilegales, asociado a la movilidad de personas y la facilidad de desplazamiento entre Chile, Perú y Bolivia. Ese contexto genera un riesgo que no siempre es comparable al de países desarrollados. AFIPA ha venido trabajando en estudios comparados de normativa internacional para generar insumos concretos que mejoren la respuesta chilena frente a un fenómeno que ya no puede verse solo como una infracción comercial menor.
Capacitación y transferencia tecnológica como defensa
AFIPA desarrolla un programa nacional de formación que capacita a alrededor de 12.000 personas anualmente —autoridades, productores, profesores, niños— en formatos digitales y presenciales. Pero el gremio ha ido más allá de la simple difusión. Con apoyo de CropLife, han impulsado una estrategia de transferencia tecnológica en terreno, con huertos demostrativos donde se enseña manejo integrado de plagas y buenas prácticas.
Este trabajo se realiza junto a INDAP en regiones clave para la agricultura, y ha demostrado algo fundamental: el manejo integrado de plagas y las buenas prácticas sí pueden implementarse en pequeños productores. Para Villarreal, eso es clave. El uso seguro y eficiente de estos productos no debiera ser una exigencia reservada solo a operaciones de gran escala.
La coordinación institucional que falta
Villarreal reconoce que existe mayor disposición del SAG a colaborar, pero persisten limitaciones concretas en facultades y capacidad fiscalizadora. Una de las grandes brechas regulatorias está en la tipificación de delitos y el fortalecimiento de atribuciones de los organismos fiscalizadores. La respuesta no puede recaer en una sola institución. Se necesita coordinación más estrecha entre SAG, Aduanas, Ministerio Público, policías y sector privado. El desafío es construir una respuesta integrada donde además los agricultores tengan acceso claro a información práctica.
📌 Puntos clave
- ⚠️ Comercio ilegal fitosanitarios crece y se conecta con redes de delito organizado
- 🚜 Productos ilegales comprometen inocuidad, cosechas y reputación de Chile
- 💡 Falta capacitación y canales formales de compra en zonas rurales
- 🤝 Se necesita coordinación entre SAG, Aduanas, policía y sector privado
FUENTE: AFIPA / Patricia Villarreal / News Frutas de Chile
TAGS: fitosanitarios, comercio ilegal, agricultura Chile, AFIPA, SAG, Ñuble, agroexportación, seguridad sanitaria, productos ilegales, productores agrícolas.