La administración municipal se encuentra bajo presión tras una ola de acciones legales interpuestas por exfuncionarios que acusan despidos injustificados, discriminación política y vulneración de derechos fundamentales. A esto se suma la tramitación actual de dos recursos de nulidad en el tribunal de alzada.
Un complejo escenario judicial sacude a la Municipalidad de
San Carlos durante el arranque de este 2026. La entidad edilicia, enfrenta una batería de litigios que
podrían comprometer seriamente las arcas municipales, derivados de una serie de
desvinculaciones ocurridas a finales de 2025.
Según documentos a los que ha tenido acceso este medio, la
justicia laboral podría fallar en contra del municipio, cuestionando la
legalidad de los vínculos a honorarios y reconociendo la existencia de
relaciones laborales encubiertas.
El precedente: La condena en el caso Meriño
Uno de los golpes más duros para la defensa municipal quedó
plasmado en la sentencia dictada recientemente. El tribunal acogió la demanda
de Victoria Meriño Sepúlveda, Técnico en Enfermería (TENS) del área dental,
quien prestó servicios por más de 8 años bajo la modalidad de honorarios.
El fallo, contundente en sus argumentos, declaró la
existencia de una relación laboral, estableciendo que las funciones de Meriño
no eran accidentales, sino habituales y propias del servicio. Como resultado,
se condenó al municipio al pago de más de $11 millones de pesos por conceptos
de indemnización por años de servicio, recargo legal del 50%, aviso previo y
feriados adeudados.
La nueva ofensiva legal: Demandas en curso
Lejos de cerrarse el capítulo, el municipio enfrenta
actualmente tres nuevas demandas ingresadas en los últimos meses.
1. Acusaciones de discriminación política (Caso Contreras):
La demanda más cuantiosa y compleja es la interpuesta por Johanna Contreras
Espinoza (ex administrativa a contrata), quien presentó una denuncia por Tutela
de Derechos Fundamentales. En el libelo, Contreras acusa discriminación por
razones políticas, argumentando que su desvinculación —tras haber obtenido la
"confianza legítima"— obedeció a su cercanía con la administración
del exalcalde Gastón Suazo y no a razones presupuestarias reales. La demandante
solicita indemnizaciones que, sumando daño moral y lucro cesante, superan los
$47 millones de pesos.
2. Coordinadores y Profesionales (Casos Caro y Cofré): Por
su parte, Luis Caro Contreras, ex coordinador del Programa de Personas Mayores,
demandó la declaración de relación laboral tras ser despedido en noviembre de
2025. Caro, exige indemnizaciones y el pago de cotizaciones previsionales por
todo el periodo trabajado (desde 2022), acusando un "falso
honorario".
Similar es la situación de Maribel Paulina Cofré, asistente
social que prestó servicios desde 2022. Su defensa alega que, pese a firmar
contratos a honorarios, cumplía horarios, tenía jefatura directa y usaba
credenciales institucionales, elementos propios de un contrato de trabajo.
Cofré busca el pago de indemnizaciones y nulidad del despido, sumando
pretensiones por cerca de $5 millones más cotizaciones.
La disputa escala a la Corte de Apelaciones: Casos Lara y
Garrido
La estrategia municipal de judicializar estos conflictos ha
trasladado la discusión a la Corte de Apelaciones de Chillán, donde actualmente
se tramitan dos recursos de nulidad laboral ingresados en enero de 2026, los
cuales mantienen en suspenso sentencias previas.
El primer caso, caratulado bajo el Rol Laboral-Cobranza
7-2026, corresponde a la demanda de Camila Lara Leiva. Tras la sentencia de
primera instancia del 6 de diciembre de 2025, tanto la demandante como el
municipio presentaron recursos de nulidad. El pasado 14 de enero de 2026, la
Primera Sala de la Corte de Chillán declaró admisibles dichos recursos,
ordenando incorporar la causa en la tabla de Reforma Laboral para su pronta
vista y fallo.
Más compleja es la situación del segundo caso, protagonizado
por Edgard Garrido Sepúlveda, quien demandó al municipio por Tutela de Derechos
Fundamentales. Sin embargo, el proceso sufrió un traspié procesal: el 23 de
enero de 2026, el tribunal de alzada ordenó devolver el expediente a primera
instancia antes de revisar el fondo del asunto.
Estas maniobras judiciales no solo extienden la
incertidumbre, sino que incrementan el riesgo de generar mayores intereses y
costas judiciales para el municipio si los fallos de alzada confirman lo
dictaminado por el Juzgado de Letras del Trabajo.
Un patrón cuestionado
El denominador común en estas acciones legales es la
aplicación del principio de "primacía de la realidad". Los tribunales
están determinando sistemáticamente que los contratos a honorarios utilizados
por el municipio esconden verdaderas relaciones laborales regidas por el Código
del Trabajo, obligando a la entidad a pagar indemnizaciones y cotizaciones que
no fueron cubiertas en su momento.
Con montos demandados que se acumulan y sentencias que
comienzan a quedar ejecutoriadas, la administración de Rubén Méndez enfrenta un
2026 complicado.