Contraloría exige a la SMA fallo urgente por desalojos en Punilla


La Contraloría General de la República instruyó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a dictar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, una resolución definitiva en el proceso sancionatorio abierto en 2021 contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por los desalojos ilegales ocurridos en 2018 en el contexto del proyecto Embalse Nueva La Punilla, en la Región de Ñuble.

El procedimiento contempla 10 cargos contra el MOP, tres graves y siete leves, relacionados con el desalojo forzoso de familias arrieras que habitaban la futura zona de inundación. Tras años sin resolución, las comunidades afectadas acudieron a la Contraloría, la que determinó que la SMA ha incumplido su deber legal de resolver a tiempo. Según el dictamen, la entidad ambiental debe cerrar el caso y sancionar al MOP, lo que podría traducirse en multas de hasta 4 mil millones de pesos o incluso en la revocación de la RCA del proyecto.

Organizaciones como Ñuble Libre y Defensa Ambiental valoraron la medida, pero criticaron la falta de transparencia del MOP y alertaron sobre la continuidad del proyecto sin atender sus impactos sociales y ambientales.

🏞️ Claves del caso Embalse Punilla

📆 Desalojos forzosos ocurrieron en 2018

⚖️ Proceso sancionatorio iniciado por la SMA en 2021

📌 Se formulan 10 cargos contra el MOP

🕒 Contraloría exige resolución en 20 días hábiles


💰 Posibles sanciones: hasta 5.000 UTA (4 mil millones)
🚨 Críticas al manejo del proyecto


❗ Irregularidades detectadas desde el inicio

⚠️ Ausencia de respuestas claras del MOP

📉 Proyecto fue relanzado con aumento del 20% en inversión

⚡ Nuevo intento de licitación sin componente eléctrico

👁️ ONG’s exigen sanción ejemplificadora y vigilancia continua
📣 Voces del territorio


🗨️ "Nos preocupa la negligencia del MOP, insistiendo en un séptimo intento de licitación sin atender vulneraciones", dijo Karina Constanzo, presidenta de Ñuble Libre.

🗨️ "Debe haber sanciones para que estos hechos no se repitan", afirmó Ricardo Frez, abogado de Defensa Ambiental.


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