Un nuevo episodio sacude al Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), esta vez con cuestionamientos que apuntan directamente a su actual directora, Elizabeth Abarca Triviño.
Según antecedentes revelados en un oficio enviado por el diputado Frank Sauerbaum, y revelado por El Mostrador, a la Contraloría General, existirían eventuales irregularidades en el proceso que la llevó a liderar el organismo.
El parlamentario solicitó a la contralora Dorothy Pérez instruir una investigación para aclarar si Abarca validó el perfil del cargo mientras tenía la intención de postularse, situación que podría haberle otorgado una ventaja indebida.
El documento también apunta a que el funcionario que remitió dicho perfil al Minsal sería amigo personal de Abarca, y que este mismo participó posteriormente en la comisión de selección.
De ser así, se vulneraría el principio de abstención que exige la ley, dado el conflicto de interés.
El oficio añade otro punto crítico: Abarca habría sido notificada de la renovación de su cargo como directora de Atención Primaria mientras se desempeñaba como subrogante de la dirección del SSÑ, y sin comunicarlo a su superior jerárquico, el subsecretario de Redes Asistenciales. La notificación provino de un subalterno, lo que –según Sauerbaum– podría constituir una falta a la probidad administrativa.
Consultado por la situación, el diputado señaló que la solicitud busca entregar claridad frente a inquietudes planteadas por funcionarios del servicio y la ciudadanía.
“Queremos saber si este proceso se ajustó plenamente a la legalidad, para que no queden dudas sobre la legitimidad del nombramiento”, declaró.
Por su parte, Elizabeth Abarca respondió por escrito que su designación fue producto de un proceso “riguroso, público y transparente” bajo el sistema de Alta Dirección Pública, y que el SSÑ no tuvo injerencia en la selección, salvo en la entrega de información técnica.
“Mi compromiso es con la salud pública de Ñuble. Continuaré trabajando por una gestión cercana, territorial y centrada en las necesidades de nuestra comunidad”, concluyó.
La pelota ahora queda en la cancha de la Contraloría, que deberá definir si inicia o no una investigación formal por posibles infracciones a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.