Medidas cautelares tras acusación de violencia intrafamiliar
Un escenario complicado enfrenta al alcalde reelecto de Chillán Viejo, Jorge del Pozo. Días después de celebrar su triunfo, fue detenido y formalizado por presuntas lesiones menos graves en un contexto de violencia intrafamiliar (VIF). Tras ser llevado al Juzgado de Garantía de Chillán, se le impuso la medida cautelar de alejamiento de la víctima, lo que le permite continuar en libertad mientras dure el proceso.
La situación se completa con la existencia de dos querellas por supuesto abuso sexual, presentadas en su contra desde marzo de este año, junto a tres denuncias adicionales por presunto acoso laboral y sexual. Estas últimas, aunque ingresadas al Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), aún no han sido remitidas a la Fiscalía, por lo que no se ha iniciado ninguna investigación judicial formal en relación a dichas acusaciones.
Proceso judicial y posibles consecuencias
Por ahora, la única causa formalizada es la denuncia por VIF, con un plazo de investigación de 30 días otorgado por el tribunal. Durante este período, la Fiscalía debe realizar diligencias para esclarecer los hechos denunciados y evaluar la participación de Del Pozo. Expertos en derecho penal indican que, en este tipo de investigaciones, se recaban declaraciones de las partes involucradas, se desarrollan pericias psicológicas tanto para el imputado como para la víctima, y se analizan testimonios de terceros que puedan aportar antecedentes relevantes al caso.
La académica Teresa Sanhueza, de la Universidad de Concepción, explica al diario La Discusión que la Fiscalía podría, además, solicitar medidas adicionales si se comprueba el incumplimiento de la medida de alejamiento. Si se acreditaran los hechos denunciados, el proceso podría avanzar hacia un juicio oral, especialmente en el caso de las acusaciones por abuso sexual, las cuales requerirían audiencias previas de preparación.
Impacto en la gestión municipal y posibles sanciones.
El académico Andrés Cruz, especialista en derecho procesal, afirma que, mientras se mantenga la medida cautelar actual, el alcalde puede seguir en sus funciones. Sin embargo, un incumplimiento podría derivar en sanciones adicionales por desacato, lo que complicaría aún más su situación. En el ámbito administrativo, en caso de que Del Pozo se vea imposibilitado de ejercer su cargo, el Concejo Municipal debería designar un reemplazo temporal, como establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
En cuanto a las sanciones penales, de confirmarse el delito de lesiones en contexto de VIF, el alcalde podría enfrentar penas que varían desde presidio menor hasta una multa económica, aumentada en un grado por el contexto de violencia intrafamiliar. En el caso de los presuntos abusos sexuales, las penas podrían alcanzar hasta cinco años de presidio si se dictamina su culpabilidad en un juicio.
La comunidad, atenta al desarrollo de los casos, espera que la justicia actúe de manera imparcial, considerando las pruebas y otorgando claridad sobre los próximos pasos legales y administrativos que definen el futuro de la gestión de Del Pozo.